El sector farmacéutico encendió una alarma sanitaria a nivel nacional ante la posibilidad de faltantes de medicamentos si no se normaliza de inmediato la cadena de pagos entre obras sociales, prepagas, farmacias y laboratorios. El problema no es de producción ni de importación: es financiero. Las farmacias están entregando remedios que luego tardan meses en cobrar, mientras deben pagar a sus proveedores en plazos mucho más cortos.
Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), muchas farmacias aún no recibieron los pagos correspondientes a prestaciones realizadas en diciembre de 2025, lo que las obliga a financiar con recursos propios la compra de medicamentos ya dispensados. Este desfasaje pone en riesgo la reposición de stock y, por ende, la continuidad de los tratamientos.
El foco principal de la preocupación está en el sistema de cobertura, especialmente en organismos con millones de afiliados. El atraso en los pagos genera una tensión financiera creciente: si las farmacias no pueden pagar a droguerías y laboratorios, estos reducen o suspenden las entregas, rompiendo la cadena de suministro.
Los especialistas advierten que, de prolongarse la situación, los primeros afectados serán los pacientes crónicos, jubilados y personas que dependen de medicación continua. La falta de reposición podría empezar a notarse en todo el país en pocas semanas si no se regulariza antes de fin de mes.
Además, el problema podría generar un efecto dominó en todo el sistema de salud: farmacias sin stock, pacientes sin tratamiento y hospitales recibiendo una mayor demanda por complicaciones evitables. Por eso, desde el sector proponen una mesa de diálogo urgente entre financiadores, prestadores y laboratorios para evitar que una crisis económica se transforme en una crisis sanitaria.
Lo más inquietante es que no se trata de un conflicto aislado sino de una señal de fragilidad estructural: cuando el acceso a medicamentos depende de que cada eslabón financie al siguiente, cualquier atraso puede paralizar todo el sistema. Si el remedio deja de estar disponible no por falta de producción sino por falta de pago, el problema ya no es comercial ni administrativo: es una amenaza directa al derecho básico a la salud.
