Un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos podría alterar las condiciones comerciales para el acero argentino y poner en duda beneficios negociados en los últimos acuerdos bilaterales. La decisión estableció que la potestad de fijar aranceles corresponde al Congreso norteamericano, lo que abre un escenario de mayor incertidumbre para exportadores y autoridades económicas locales.
El comercio exterior argentino volvió a quedar expuesto a decisiones tomadas lejos de sus fronteras. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la autoridad para establecer aranceles aduaneros no recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, sino en el Congreso de ese país, lo que podría modificar las condiciones bajo las cuales ingresan productos extranjeros, incluido el acero argentino.
La resolución judicial introduce dudas sobre acuerdos alcanzados recientemente entre Buenos Aires y Washington, especialmente en sectores sensibles para la industria nacional. En la práctica, implica que cualquier beneficio arancelario concedido por la administración estadounidense podría revisarse, limitarse o incluso revertirse si el Congreso decide intervenir.
Para la Argentina, el impacto potencial es significativo. El acero es uno de los productos industriales con mayor valor agregado dentro de las exportaciones hacia Estados Unidos, y cualquier aumento de aranceles afectaría tanto la competitividad como el nivel de actividad de las empresas del sector. Además, el fallo llega en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y tendencias proteccionistas.
Especialistas advierten que la decisión también podría sentar un precedente para otros países exportadores, reforzando el poder legislativo estadounidense en materia comercial y reduciendo la previsibilidad de los acuerdos bilaterales. En ese marco, el acceso al mercado norteamericano podría volverse más incierto y depender menos de negociaciones diplomáticas y más de la dinámica política interna de Estados Unidos.
La situación recuerda episodios anteriores en los que decisiones unilaterales de Washington afectaron exportaciones argentinas estratégicas, desde el acero hasta el biodiésel o el aluminio, generando impactos directos sobre el empleo y la producción industrial.
En definitiva, más allá del tecnicismo jurídico, el fallo reabre un interrogante central: hasta qué punto los países periféricos pueden confiar en reglas estables dentro de un sistema comercial dominado por las grandes potencias. Si el acceso a los mercados depende cada vez más de decisiones políticas internas de los países compradores, la planificación económica de naciones como Argentina queda inevitablemente condicionada por factores que no controla.
La resolución no implica automáticamente nuevas barreras, pero sí confirma que las ventajas comerciales pueden evaporarse con rapidez. Y en un mundo donde la competencia es feroz, esa incertidumbre puede ser tan perjudicial como un arancel elevado.
