La diputada de Unión por la Patria lanzó duras críticas al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que acusó de precarizar el trabajo, debilitar derechos laborales históricos y favorecer un modelo económico excluyente.
En medio del intenso debate parlamentario sobre la reforma laboral, la diputada nacional y exministra de Trabajo Kelly Olmos se convirtió en una de las voces más contundentes de la oposición al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Desde su banca, la dirigente de Unión por la Patria cuestionó la iniciativa oficial y aseguró que, detrás del discurso de modernización, se esconde un proceso de desmantelamiento de derechos laborales históricos.
Durante su intervención, Olmos denunció que el proyecto representa una transformación estructural del modelo laboral argentino que, lejos de generar empleo, apunta a universalizar la precarización. Según sostuvo, la reforma no busca integrar a quienes hoy se encuentran fuera del sistema formal, sino igualar las condiciones laborales hacia abajo, debilitando garantías conquistadas durante décadas.
La legisladora advirtió que el Ejecutivo intenta presentar como innovación lo que, en realidad, constituye un retroceso en términos de protección social. En ese sentido, señaló que el concepto de “modernización” utilizado por el oficialismo encubre una política que favorece la primarización de la economía y la pérdida de la industria nacional, lo que —según su análisis— profundizaría la desigualdad social y la exclusión.
Impacto en derechos laborales y sistema de protección
Uno de los puntos más cuestionados por la diputada fue el nuevo régimen de licencias por enfermedad previsto en la reforma. Según explicó, los cambios podrían permitir descuentos salariales incluso en situaciones de enfermedades graves no laborales, lo que implicaría una reducción significativa de la protección vigente.
Para Olmos, este tipo de medidas representa un avance sobre derechos básicos de los trabajadores y abre la puerta a un debilitamiento del sistema de seguridad social. Además, advirtió que algunos instrumentos propuestos podrían funcionar como mecanismos de privatización encubierta de áreas clave del sistema laboral.
La dirigente también cuestionó las modificaciones en materia de negociación colectiva. Según indicó, el proyecto prioriza los acuerdos laborales por empresa por sobre los convenios colectivos sectoriales, lo que generaría una fuerte asimetría entre empleadores y trabajadores al momento de negociar condiciones laborales, salarios y derechos.
Desde su perspectiva, esta transformación alteraría uno de los pilares centrales del modelo sindical argentino y reduciría la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores frente al poder empresarial.
Críticas al modelo económico del Gobierno
En el cierre de su discurso, la diputada vinculó la reforma laboral con el rumbo económico general del gobierno de Javier Milei. Sostuvo que el proyecto responde a un modelo productivo que favorece a sectores concentrados y exportadores, mientras debilita el tejido social y profundiza la pobreza.
Según su análisis, la iniciativa no está pensada para promover el desarrollo industrial ni la inclusión laboral, sino para consolidar una estructura económica desigual que beneficiaría a pocos sectores en detrimento del conjunto de la sociedad.
Olmos también apuntó contra lo que definió como una estrategia histórica de sectores antiperonistas para modificar o desmantelar políticas laborales impulsadas por gobiernos justicialistas. En ese marco, sostuvo que muchas de las iniciativas actuales buscan eliminar o transformar conquistas sociales construidas durante décadas.
Debate político y disputa de modelos
El posicionamiento de la diputada reflejó el clima de fuerte polarización que atraviesa el debate sobre la reforma laboral en el Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que los cambios son necesarios para dinamizar la economía y generar empleo, sectores opositores consideran que el proyecto implica un retroceso en derechos laborales y un cambio profundo en el modelo social argentino.
La discusión, según quedó evidenciado en el recinto, trasciende el plano técnico y se instala como una disputa ideológica sobre el rol del Estado, el mercado laboral y el futuro del sistema de protección social en el país.
