Mientras la ministra Alejandra Monteoliva lanza acusaciones y dice que hay 26 identificados, el juez porteño Gonzalo Rúa liberó a dos de los aprehendidos y decidió que la causa tramite en Comodoro Py.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, recorre los canales de televisión diciendo que tiene a 26 personas identificadas por la protesta del miércoles pasado, cuando el Senado dio media sanción a la reforma laboral de Javier Milei. Sin embargo, de las tres personas que habían sido detenidas, solo una sigue privada de su libertad. La justicia porteña desestimó el pedido de agravar los cargos por terrorismo y decidió que la investigación pase a los tribunales federales de Comodoro Py —donde ya existe cierta familiaridad con las denuncias rimbombantes del Ministerio de Seguridad, antes conducido por Patricia Bullrich—. La espiral represiva no parece detenerse. “Nuestras fuerzas actuarán”, advirtió Monteoliva en un comunicado que busca “regular” la actividad de los trabajadores de prensa ante la próxima sesión de Diputados. Por el tono amenazante, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informará sobre el mensaje oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una imagen ocupó la cobertura informativa el miércoles: un grupo de personas que, desde una suerte de barricada, armaban y arrojaban bombas molotov. El episodio, repetido en loop, sirvió para justificar las detenciones que se produjeron ese mismo día.
El accionar de las fuerzas federales, a cargo de Monteoliva, dio lugar a hipótesis sobre la presencia de infiltrados o sobre una llamativa inacción para justificar la cacería posterior. “Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato cuando se trata de un delito en flagrancia y las cámaras de monitoreo indicaban su ubicación”, escribió el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien denunció a la ministra por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Horas más tarde, la ministra respondió que la Policía Federal Argentina (PFA) ya tenía identificadas a 17 personas supuestamente involucradas en los hechos. Solo tres fueron detenidas: Matías Roldán, Néstor Barrera y Milton Iván Tolomeo.
Tolomeo fue el último en ser arrestado. Monteoliva comunicó su detención el domingo por la mañana a través de redes sociales. Lo llamó el “anarquista de la molotov”. En las imágenes difundidas por el Ministerio de Seguridad mostraron que le habían secuestrado un pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto, como si se tratara de un elemento incriminatorio.
El lunes por la noche, la ministra acudió a los estudios de La Nación +, donde anunció que había 26 personas identificadas por hechos diversos e insistió en que era un “delirio” plantear la existencia de infiltrados en las manifestaciones. Mostró, por ejemplo, a un hombre que decía que había que matar a Milei e informó que habían denunciado las amenazas ante el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. Sobre Tolomeo, destacó que le habían secuestrado “material teórico-conceptual”.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el miércoles hubo 71 personas detenidas: 27 en estaciones de tren, 20 por la Policía de la Ciudad y 24 por fuerzas federales.
Luego se sumaron las aprehensiones de Roldán, Barrera y Tolomeo. Mientras la ministra recorría los sets de televisión, la justicia en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad realizaba una audiencia para definir su situación. Tras varias horas de exposiciones, el juez Gonzalo Rúa decidió liberar a Roldán sin imputación. En el caso de Barrera, fue excarcelado, aunque quedó acusado como partícipe secundario de los hechos por los que permanece detenido Tolomeo. Este último continuará en la alcaidía 8 hasta que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le asigne una plaza.
La hipótesis del juez es que hubo un grupo de personas que actuó de manera coordinada, utilizando fenólicos como protección, además de cascos, máscaras o telas para evitar ser reconocidas.
Según el magistrado, Tolomeo llegó, abrió su mochila, sacó telas blancas y las entregó a quienes armaban las bombas molotov. Rúa afirmó que hay imágenes en las que también se lo ve arrojándolas. Por eso avaló la imputación por portación de elementos inflamables, intimidación pública y atentado a la autoridad agravado formulada por el Ministerio Público.
El juez rechazó su liberación con el argumento de que podría entorpecer la identificación de las otras personas que participaron de la barricada, quienes supuestamente ya habrían sido detectadas por el Ministerio de Seguridad.
“Estamos trabajando en la apelación. No es delito luchar contra la reforma laboral. Criminal es arrebatar derechos al pueblo trabajador”, le dijo a Página/12 la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que actúa en la causa en representación de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.
En el caso de Roldán, Rúa entendió que efectivamente levantó un fenólico que estaba caído, pero que ese hecho fue anterior a la conformación de la barricada. A Barrera lo vio sosteniendo el fenólico, aunque sin arrojar elementos contra las fuerzas de seguridad.
Lo relevante es que el juez descartó el pedido de la fiscalía de agravar las penas por terrorismo. “La fiscalía no ha acreditado que se haya cometido este hecho con la finalidad de aterrorizar a la población ni que haya sido con la intención de obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”, puntualizó.
En paralelo con la causa que tramitaba en la Ciudad, el Ministerio de Seguridad radicó una denuncia por daño agravado, rebelión y resistencia a la autoridad. El expediente quedó en el juzgado federal 11, que subroga Ariel Lijo. “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales y, con ello, deponer o inhibir el funcionamiento del Congreso y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino”, sostiene la presentación realizada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad.
Al entender que la intimidación pública es un delito federal, Rúa decidió declararse incompetente y mandarle todo a Lijo. En Comodoro Py no hubo movimientos durante el fin de semana. Todo indica que el juez correrá vista a la fiscalía para que se expida.
En sus declaraciones públicas, Monteoliva comparó lo ocurrido el miércoles con las protestas de marzo —cuando la Gendarmería hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo—. En ese momento, Bullrich presentó una denuncia para justificar la represión y habló de un acto de sedición. Sin embargo, nunca aportó los elementos que le pidió el fiscal federal Franco Picardi para sustentar esas acusaciones.
Este martes, el Ministerio de Seguridad envió un comunicado en el que advirtió que las fuerzas volverán a actuar cuando Diputados trate la reforma. El mensaje, formulado en términos eufemísticos, preanuncia una nueva represión y advierte a los trabajadores de prensa sobre una supuesta “autopuesta” en riesgo.
“El Estado tiene que asegurar el ejercicio de la cobertura periodística, especialmente en contextos de protestas y reclamos sociales. Esta medida es todo lo contrario: traslada la responsabilidad por los riesgos a los propios trabajadores de prensa y resulta inhibidora de la libertad de expresión, sobre todo si se tiene en cuenta el antecedente de Pablo Grillo y la falta de adopción de medidas efectivas para que no vuelva a ocurrir”, le dijo a este medio Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Fuente: Pagina 12
