La Casa Blanca presionó a Kilmar Ábrego García para que acepte una deportación voluntaria a Costa Rica o ser trasladado a destinos como Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia.
Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede volver a arrestar al ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, al considerar que expiró el período máximo de detención de 90 días y que el Ejecutivo carece de un plan viable para su deportación
La decisión fue adoptada por la jueza de distrito Paula Xinis, quien extendió un fallo previo favorable a Ábrego García, protagonista de un prolongado litigio tras haber sido deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante la Administración del presidente Donald Trump.
En su resolución, Xinis sostuvo que ICE formuló “amenazas vacías” sobre una eventual expulsión a países africanos sin demostrar que dicha medida fuera jurídicamente viable ni materialmente probable en un futuro previsible. A juicio del tribunal, no existen “buenas razones” para considerar inminente su remoción del país.
El Gobierno presionó a Ábrego García para que aceptara una deportación voluntaria a Costa Rica o, en su defecto, sería trasladado a destinos como Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia, en el marco de su política de endurecimiento migratorio.
En 2019, un juez de inmigración determinó que Ábrego García no podía ser deportado a El Salvador debido al riesgo que enfrentaba por amenazas de pandillas contra su familia. Sin embargo, en marzo de 2025 fue expulsado —según reconoció posteriormente el propio Gobierno— por error, junto a un grupo de migrantes venezolanos, hacia una cárcel de máxima seguridad en su país natal.
Tras una orden judicial y presión pública, la Administración Trump facilitó su regreso a Estados Unidos en junio, aunque posteriormente presentó una acusación formal en Tennessee por presunto tráfico de personas. El imputado se declaró inocente.
En diciembre pasado, la jueza Xinis ordenó su liberación al concluir que había sido detenido “sin autoridad legal”, en parte porque no existía una orden formal de deportación vigente desde 2019. Posteriormente, un juez de inmigración emitió una nueva orden de expulsión, cuya ejecución fue bloqueada temporalmente por la magistrada federal.
Con la nueva decisión, ICE queda impedido de proceder a un nuevo arresto bajo las actuales condiciones procesales. Se prevé que el Ejecutivo estadounidense apele el fallo.
El caso se ha convertido en un referente dentro del debate sobre los límites legales de la política migratoria federal, especialmente en lo relativo a detenciones prolongadas sin perspectiva real de deportación y a la ejecución de expulsiones en contextos de riesgo para la persona afectada.
Fuente: Agencias
