Estados Unidos mató a once personas en tres nuevos ataques contra lanchas a las que vincula con el narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe, informó este martes el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). Las operaciones, llevada a cabo el lunes por la noche, forman parte de la campaña militar “Lanza del Sur” iniciada en septiembre por la administración de Donald Trump contra lo que define como “narcoterroristas” en América Latina, que ha dejado ya más de 140 navegantes muertos.
Según el comunicado oficial difundido en la red social X, cuatro personas murieron en la primera embarcación en el Pacífico oriental, otras cuatro en una segunda lancha en la misma zona y tres más en una tercera nave interceptada en el Caribe. El mando militar aseguró que “ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”. Washington sostiene que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico” y participaban en operaciones de contrabando de drogas.
El Pentágono no presentó pruebas públicas que acrediten que las lanchas transportaban estupefacientes ni que sus tripulantes estuvieran armados o representaran una amenaza inminente. En los videos oficiales difundidos tras los bombardeos se observa que al menos dos de las embarcaciones estaban detenidas al momento del impacto y que había personas a bordo.
Con estos tres ataques, el número de muertos desde el inicio de la campaña supera los 140, de acuerdo con los propios datos oficiales, en más de 40 operaciones de este tipo desde septiembre. La Casa Blanca argumenta que las acciones están justificadas porque el gobierno declaró que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con carteles y organizaciones ligadas al tráfico de drogas en la región.
Sin embargo, especialistas en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos cuestionan la legalidad de los ataques. Informes como el realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU señalan que, al no existir una guerra declarada ni autorización específica del Congreso contra estos actores, las operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. También advierten que, antes de septiembre, la interdicción de embarcaciones sospechosas estaba principalmente a cargo de fuerzas de seguridad y de la Guardia Costera, bajo estándares de debido proceso.
La ofensiva militar se inscribe en un contexto de creciente tensión regional. Desde el año pasado, Washington desplegó una amplia fuerza naval en el Caribe, en paralelo con medidas de presión militar y económica sobre Venezuela. A comienzos de enero, fuerzas estadounidenses secuestraron en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a territorio estadounidense, en un operativo militar que dejó un centenar de muertos en distintas partes del territorio venezolano.
Fuente: Pagina 12
