La adhesión de los gremios del transporte al paro convocado por la CGT profundiza el conflicto con el gobierno y anticipa una jornada de alto impacto económico y social.
La tensión entre el gobierno de Javier Milei y el movimiento sindical sumó un nuevo capítulo tras confirmarse que los principales gremios del transporte adherirán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral.
La medida implica la posible paralización del transporte público, la logística y parte del comercio, lo que podría afectar el normal funcionamiento del país. Desde los sindicatos sostienen que los cambios laborales impulsados por el Ejecutivo representan una pérdida de derechos históricos y una profundización de la precarización.
El gobierno, por su parte, defiende la iniciativa como una modernización necesaria del mercado laboral para atraer inversiones y generar empleo formal.
El conflicto refleja el deterioro del diálogo entre el Ejecutivo y las centrales obreras, en un escenario social atravesado por el ajuste económico y la caída del poder adquisitivo.
El paro se perfila como una prueba de fuerza decisiva que podría marcar el rumbo de la relación entre el gobierno libertario y el movimiento obrero.
