La propuesta de modificar la denominada Ley de Glaciares trasciende largamente lo ambiental. Afecta territorio soberano y recursos naturales estratégicos para la vida, el trabajo y la posteridad del pueblo argentino. Lo que se impulsa es la instalación de los nuevos regímenes de factoría. El Gobierno de Milei hace todos los deberes posibles para adaptarle el corral a la medida que demanda Estados Unidos.
La reforma a la Ley de Glaciares (N° 26.639), está a punto de ser tratada por el Congreso Nacional en el marco de las sesiones extraordinarias. Los intereses en juego son enormes, pero fundamentalmente se juegan dos cartas fundamentales para el pueblo argentino: el destino de buena parte de nuestras cuencas hídricas y lo que hemos dado en llamar hace tiempo el federalismo de signo positivo.
Para desarrollar ambas ideas es conveniente resumir cuáles son los argumentos a favor y en contra de la reforma de la Ley, y cuáles son los actores que aparecen en superficie respaldando una u otra postura.
Cuando pensamos en glaciares, pensamos en paisajes panorámicos como el Perito Moreno, que cada tanto se rompe y vuelve a regenerarse. Hay miles de glaciares en Argentina de diverso tamaño. Básicamente es hielo, agua congelada; y por ende reserva hídrica. Pero también existe lo que se denomina ambientes periglaciares; es decir, regiones de montaña con suelos congelados, incluso invisibles a simple vista, pero que contienen densas cantidades de hielo y regulan los ciclos del agua. Es importante lo siguiente: no existe reserva hídrica que no sea útil o pertinente a alguna cuenca.
Una de las posturas respaldatorias de la iniciativa gubernamental de reformar la norma se vistió de especialistas en derecho minero. Recientemente el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) emitió un comunicado donde afirma que la reforma propuesta lejos de lesionar el estado y la tutela de los glaciares y zonas periglaciares, es “imprescindible para dotar de mayor precisión conceptual al sistema vigente».
El IADEM recalca que la ley vigente posee “imprecisiones” conceptuales respecto de la tutela ambiental, que provocan interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica y “erosión de confianza para inversiones”. Dicen entonces que todo derecho ambiental efectivo debe “asentarse en preceptos claros y precisos”; y que esa precisión “no implica la disminución de niveles de protección sino su fortalecimiento».
Básicamente, lo conflictivo de la reforma propuesta es la habilitación a las provincias para que determinen cuáles son las zonas periglaciares a proteger y cuales no, en función de una comprobada “función hídrica”. Esto último es un disparate. Repetimos: todas las formaciones hídricas, desde un charco a una geoforma periglaciar subterránea, tienen una función en las cuencas.
¿Qué vuelta dicen haberle encontrado los abogados de las mineras? Una endeble pero que por el momento gana terreno dentro de lo que llamamos “federalismo negativo”, que no es otra cosa que el espíritu de la reforma Constitucional de 1994. La Carta Magna cede a las provincias el dominio sobre los recursos naturales y de allí se agarran estas para justificar cualquier tipo de decisión alrededor de ellos.
Con estos elementos, los expertos a favor de la reforma proponen modificar la competencia, y que sean las provincias las que determinen el estándar de “función hídrica efectiva” de las áreas periglaciares. Dicen que esto mejorará la eficacia en el manejo del recurso. La modificación a la ley no alteraría lo dispuesto para los glaciares, pero alegan que otorgar más atribuciones a la provincia, elevaría la calidad de la protección acorde a los “presupuestos mínimos ambientales” que ordena la Constitución y que dependen del Congreso Nacional.
Hay un “detalle” que fortalece el argumento de los expertos pro-reforma: los relevamientos de glaciares y áreas periglaciares nunca fueron realizados en forma total, quedando amplias zonas sólo delimitadas en papel. La ley vigente designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como responsable del Inventario Nacional de Glaciares y áreas periglaciares, pero desde 2015 a esta parte, el organismo luchó por la asignación de un presupuesto acorde a la tarea en comendada. Por eso, los abogados del IADEM proponen que lo que falta lo complete cada provincia según su propio criterio y que determinen si alguna de estas reservas de agua periglaciares poseen una “función hídrica efectiva”.
La norma vigente -sancionada en 2010- protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y establece una serie de presupuestos mínimos, que deberían ser poco más que intocables con las provincias ya que hacen a la soberanía y al manejo de los recursos naturales estratégicos de toda la población nacional. Desde una concepción federal positiva, nadie debería discutir que los pueblos provinciales no puedan opinar y proponer políticas respecto de tal o cual glaciar que se encuentra en sus territorios, siempre y cuando -en tanto reservas estratégicas del conjunto-, no afecte los intereses nacionales.
Desde el IADEM, alegan que el proyecto de reforma incorpora la participación de las provincias, “robusteciendo el esquema federal”; al “permitir que la regulación nacional se complemente con el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales». El ejemplo que ponen es el relevamiento sin finalizar; y una de sus consecuencias sería que la normativa vigente “paraliza” potenciales actividades productivas.
Con el asunto de las cuencas hídricas lo hemos planteado más de una vez: éstas excepcionalmente nacen y mueren en un mismo territorio provincial; por tanto, cualquier decisión que se tome respecto del recurso “aguas arriba” afecta irremediablemente a los territorios de “aguas abajo”. El ejemplo del río Atuel y su conflicto entre Mendoza y La Pampa alcanza para ilustrar el concepto, pero no es el único. Luego está el caso de las cuencas que nacen y mueren en una misma provincia. Vale mirar un poco los conflictos que cada año tienen lugar en la provincia de San Juan para ilustrar el ejemplo: el agua que se deriva a las mineras genera faltantes en los valles productivos.
Sin embargo y como se imaginarán, los argumentos del IADEM son los que impulsan los gobernadores de provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy. Todas ellas tienen inversiones “paradas” o trámites de admisión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), justamente porque en las áreas a explotar recaen prohibiciones por ser periglaciares.
Si la Ley de modifica tal como se propone y las nuevas autoridades competentes designadas concluyen que un glaciar carece de función hídrica, dejará de estar protegido por la ley específica y quedará sujeto únicamente a la Ley General del Ambiente. Entonces, las provincias podrán autorizar intervenciones, siempre mediante una evaluación ambiental bajo su órbita. O sea, un organismo oficial ambiental que depende del mismo Gobernador que dispone la explotación de esas áreas. Acá y en la China, es raro que entre bomberos “se pisen la manguera”.
Las demandas de las provincias nucleadas en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre son concretas: “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas”.
Argentina cuenta con algo menos de 17.000 glaciares y 39 cuencas distribuidas sólo en las 11 provincias cordilleranas. Se estima que hay unos 8.282 kilómetros cuadrados cubiertos permanentemente por hielo y nieve. Se dice que es el séptimo país con mayor cantidad de glaciares en el mundo y posee una de las mayores reservas de agua dulce de América del Sur.
Las provincias andinas concentran enormes yacimientos de cobre, estimándose reservas nacionales por cerca de 90,5 millones de toneladas. De explotarse, convertirían a la Argentina pero fundamentalmente a las empresas que lo hagan, en actores relevantes en el mercado global en un contexto donde la demanda del cobre crece en saltos exponenciales año tras año. Considerado globalmente como un “mineral crítico”, es un elemento clave para tecnologías de defensa, salud, electrónica, comunicaciones y energías renovables. Los analistas afirman que para 2050, la demanda mundial superará las 50 millones de toneladas anuales.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros también son concretos: el 75% de los proyectos cupríferos requiere que “el tema de los glaciares se resuelva”. El Gobierno nacional, además de impulsar la reforma, dejó en claro en su reciente firma del acuerdo bilateral con Estados Unidos, donde están previstas subvenciones, garantías, préstamos e inversiones para impulsar proyectos de minería y procesamiento, además de agilizar permisos.
Tal como publicamos en Chasqui Federal días atrás, Estados Unidos realizó posteriormente una convocatoria para constituir un “área de confianza comercial”, buscando asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos. El objetivo geopolítico yanqui no es otro que es de orientar la exploración, mapeo y refinamiento de minerales críticos como litio, cobre, uranio y cobalto para su beneficio y de las corporaciones norteamericanas.
No importa lo que se lleven puesto en el camino.
Es el régimen de factoría actualizado tecnológica y doctrinariamente para el Siglo XXI.
Es el imperialismo, estúpido.
Por Pablo Casals
