Murió Jorge Antonio Bergés, uno de los nombres más oscuros del terrorismo de Estado en Argentina. Médico policial, obstetra y represor, fue condenado por su participación en secuestros, torturas y apropiación de bebés durante la última dictadura militar.
Su figura sintetiza uno de los capítulos más siniestros del aparato represivo: el uso de la medicina como herramienta del plan sistemático de exterminio. Durante años actuó en centros clandestinos donde asistía partos de mujeres secuestradas cuyos hijos eran luego apropiados ilegalmente.
Bergés integró el circuito represivo bonaerense y su nombre quedó asociado a prácticas aberrantes en maternidades clandestinas. Sobrevivientes lo señalaron como partícipe directo en sesiones de tortura y en el control médico de detenidos en cautiverio.
La Justicia lo condenó en distintas causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, especialmente por su rol en el robo sistemático de recién nacidos. Su actuación fue considerada parte de una maquinaria estatal orientada a eliminar identidades.
Durante décadas, organismos de derechos humanos lo señalaron como símbolo de la impunidad que caracterizó a muchos responsables del terrorismo de Estado antes del avance de los juicios.
Su muerte reabre el debate sobre las responsabilidades individuales dentro del sistema represivo y la necesidad de mantener viva la memoria histórica.
Para familiares de víctimas, su fallecimiento no implica cierre ni reparación total, sino apenas el final biológico de uno de los ejecutores del horror.
El caso vuelve a poner en discusión el rol de profesionales civiles en el funcionamiento del aparato represivo y las complicidades institucionales del período.
La muerte de Bergés no clausura la historia: la memoria colectiva sigue interpelando a una sociedad que aún busca verdad plena y justicia completa. La democracia argentina se sostiene también en esa vigilancia permanente frente a los crímenes del pasado.
Fuente: La Nueva Mañana
