El proyecto del Gobierno para bajar la edad de punibilidad sumó un nuevo frente de conflicto político y jurídico: defensores públicos de menores de todo el país salieron a rechazar la iniciativa y advirtieron que se trata de una medida “inútil, innecesaria y perjudicial”, que incluso podría ser inconstitucional.
El pronunciamiento, firmado por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales y la Asociación Civil de la Defensa Pública, exige frenar el avance legislativo y abrir un debate serio basado en evidencia y estándares internacionales sobre derechos de la infancia.
La discusión se da en medio de la avanzada oficialista sobre el régimen penal juvenil, uno de los ejes centrales de su agenda de seguridad.
⚠️ “El encierro temprano genera más violencia”
Los especialistas cuestionaron el enfoque punitivo del proyecto y advirtieron que el encierro de adolescentes tiene consecuencias graves en su desarrollo.
Según señalaron, la privación de libertad en menores afecta el desarrollo emocional, reproduce traumas y consolida dinámicas de violencia en lugar de resolverlas.
Además, remarcaron que el Estado tiene la obligación de proteger a las infancias y que la iniciativa no cumple con ese principio ni con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.
En ese sentido recordaron que organismos internacionales recomiendan no reducir la edad de responsabilidad penal y sostienen que la prisión debe ser el último recurso en casos excepcionales.
📊 El argumento clave: los datos no justifican la reforma
Uno de los puntos más contundentes del rechazo es el respaldo estadístico.
Los organismos señalaron que:
- La participación de menores en delitos es baja y aún menor en menores de 16 años.
- La mayoría de los delitos juveniles son contra la propiedad, no delitos graves.
- Los índices delictivos no justifican endurecer el régimen penal.
Incluso compararon datos regionales para desarmar el discurso de “mano dura”: países con menor edad de imputabilidad presentan tasas de homicidio mucho más altas que Argentina.
El mensaje es claro: bajar la edad no reduce el delito.
🔥 Seguridad vs derechos: el nuevo eje de la disputa política
El debate por la edad de punibilidad expone una tensión profunda entre el enfoque punitivo del Gobierno y la perspectiva de derechos humanos sostenida por especialistas y organismos jurídicos.
Mientras el oficialismo impulsa medidas más duras en nombre de la seguridad, crece la resistencia de sectores judiciales, académicos y sociales que advierten que la criminalización temprana no resuelve el problema de fondo: la desigualdad, la exclusión y la falta de políticas integrales para las juventudes.
El conflicto promete escalar en el Congreso y anticipa una discusión de alto voltaje político, donde se enfrentan dos modelos de país: uno basado en el castigo temprano y otro en la protección de derechos.
