Euros, dólares y pesos fue lo que encontró la PFA durante un allanamiento en Puerto Madero, en el marco de la causa que investiga maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y que derivó en el procesamiento de la ex funcionaria del Ministerio de Economía.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ornella Calvete como partícipe necesaria de una presunta red de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras una investigación que expuso el hallazgo de una suma millonaria en efectivo en su departamento y que, según la acusación, estaría vinculada al uso de información estatal para beneficios privados.
El operativo fue ordenado el 9 de octubre pasado a pedido del fiscal Franco Picardi y se llevó a cabo en un piso alto de una torre de Puerto Madero donde residía la entonces directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, cargo al que había accedido durante la gestión de Javier Milei y al que renunció pocos días después del allanamiento.
Durante la requisa, los efectivos de la Policía Federal revisaron cajones, muebles y objetos personales hasta encontrar, ocultos entre artículos de lujo y prendas de vestir, 695.457 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros en efectivo, un monto que quedó secuestrado por orden judicial mientras avanza la causa.
Según el expediente, Calvete cumplía un rol operativo dentro del entramado investigado y habría utilizado su posición en el Estado para acceder a bases de datos sensibles y realizar averiguaciones internas sobre la estructura de la ANDIS incluso antes de ocupar formalmente cargos jerárquicos en el Ministerio de Economía.
La investigación también reconstruyó intercambios de mensajes en los que la ex funcionaria habría provisto listados oficiales y contactos estratégicos a su padre, Miguel Ángel Calvete, para facilitar negocios privados en distintos rubros, maniobras que la fiscalía considera ajenas a sus funciones y constitutivas de un aprovechamiento indebido de información pública.
En su descargo, la imputada negó haber administrado el dinero secuestrado y sostuvo que “nunca tuvo su disposición ni administración”, aunque el juez Casanello consideró que las comunicaciones y documentos incorporados al expediente son suficientes para sostener su procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de sus bienes por más de 94 mil millones de pesos.
Fuente: Politica Argentina
