Bajo el rótulo de “Ley de Modernización Laboral”, el Ejecutivo impulsa un conjunto de cambios que alteran pilares históricos de la legislación laboral argentina y reconfiguran, en favor de las empresas, la relación entre capital y trabajo. La iniciativa retoma y profundiza varios de los puntos que el Gobierno ya había intentado imponer por decreto en diciembre de 2023
A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la reforma laboral se convirtió en una de las piezas más sensibles y conflictivas del programa libertario. Bajo el rótulo de “Ley de Modernización Laboral”, el Ejecutivo impulsa un conjunto de cambios que alteran pilares históricos de la legislación laboral argentina y reconfiguran, en favor de las empresas, la relación entre capital y trabajo.
Para el movimiento obrero, no se trata de una actualización normativa sino de una regresión de derechos que busca disciplinar a los trabajadores en un contexto de ajuste, recesión y deterioro social.
El proyecto fue presentado formalmente por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2025 y comenzó a discutirse en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas para el verano. Tras resistencias políticas y sindicales, el tratamiento legislativo quedó postergado para febrero de 2026, con destino a las comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales.
La iniciativa retoma y profundiza varios de los puntos que el Gobierno ya había intentado imponer por decreto en diciembre de 2023, cuando incluyó un capítulo laboral en el DNU 70/2023. Aquella avanzada fue frenada por la Justicia del Trabajo, que declaró inconstitucionales varios artículos por considerar que vulneraban derechos consagrados y el principio de división de poderes.
Dos años después, el oficialismo vuelve a la carga, ahora por vía parlamentaria.
Un diagnóstico que ignora la historia
Desde el punto de vista del sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, la reforma parte de una premisa que no resiste el contraste con la historia de la economía argentina: la falta de empleo se explica por un exceso de derechos laborales.
“La historia argentina demuestra que debilitar el trabajo no crea empleo, sino más desigualdad”, advierten, y señalan que las crisis laborales estuvieron asociadas a modelos de especulación, primarización y desregulación, no a la protección del empleo.
La legislación laboral argentina se construyó, precisamente, como respuesta a esa desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores. Su columna vertebral es la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N.º 20.744, sancionada en 1974, que consolidó principios centrales del derecho social: el orden público laboral, la irrenunciabilidad de derechos y la protección del trabajador como parte más débil de la relación.
A ese entramado se suman normas clave como la ley 14.250, que regula la negociación colectiva; la ley 23.551, que establece el régimen de asociaciones sindicales; y la ley 25.877, que protege derechos vinculados a la organización del trabajo y los conflictos colectivos.
Ese andamiaje legal no fue un capricho ideológico, sino el resultado de décadas de luchas obreras, negociaciones colectivas y consensos sociales que entendieron al trabajo como un derecho y no como una mercancía.
El trabajo como variable de ajuste
La reforma impulsada por Milei introduce modificaciones profundas en los derechos individuales de los trabajadores. Uno de los cambios más relevantes es la habilitación del llamado “salario dinámico”, que permite negociar parte del ingreso por fuera de los convenios colectivos, en función del desempeño individual o de la situación económica de la empresa. Para Luz y Fuerza, este mecanismo “traslada la negociación de una mesa colectiva a acuerdos individuales”, dejando al trabajador “en inferioridad de condiciones frente al empleador”.
El proyecto también habilita el fraccionamiento de las vacaciones, flexibiliza la jornada laboral y reduce los controles administrativos sobre horas extra, permitiendo jornadas que superan las nueve horas diarias. A esto se suma la eliminación de estatutos profesionales específicos y de la ley de teletrabajo, así como la supresión de la presunción de laboralidad para profesiones colegiadas, una herramienta clave para evitar relaciones de dependencia encubiertas bajo figuras comerciales.
En materia de despidos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral marca un cambio estructural. El fondo se financiaría con un porcentaje de los aportes patronales, que hoy sostienen el sistema previsional. Según la cartilla elaborada desde el sindico que habla de la reforma, esta medida “reduce el costo empresarial para despedir y desvía recursos que actualmente financian la seguridad social”, debilitando no sólo al trabajador despedido sino al sistema jubilatorio en su conjunto.
Ataque al corazón de los derechos colectivos
Si los cambios colectivos son profundos, el impacto sobre los derechos individuales es aún mayor. La reforma limita el derecho a huelga mediante una ampliación de las categorías de “servicios esenciales” y “servicios de importancia trascendental”, restringiendo una de las herramientas históricas del movimiento obrero. Además, establece la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que, una vez vencido un convenio, sus cláusulas dejan de regir si no se firma uno nuevo.
“La eliminación de la ultraactividad debilita la negociación colectiva histórica en Argentina”, advierte Luz y Fuerza, ya que obliga a los sindicatos a negociar desde una posición de desventaja frente a las empresas. A esto se suma la modificación del orden de prelación de los convenios, permitiendo que acuerdos por empresa prevalezcan sobre los de actividad, fragmentando la organización gremial y debilitando a los sindicatos de rama.
El proyecto también introduce restricciones a la realización de asambleas en los lugares de trabajo y promueve la creación de sindicatos por empresa, una figura que, lejos de ampliar la libertad sindical, apunta a dispersar la representación y erosionar el poder colectivo.
Ajuste, trabajo y conflicto
El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para atraer inversiones y reducir la informalidad, que ronda el 40% del mercado laboral. Sin embargo, la iniciativa no incorpora políticas de desarrollo productivo, industrialización ni formación laboral. Tampoco busca formalizar a los trabajadores informales ampliando derechos, sino recortando los de quienes ya están registrados. “La reforma no incluye a los trabajadores informales mejorando sus condiciones, sino recortando los derechos de los formales”, señalan desde LyF.
En un contexto de recesión, caída del salario real y aumento de la conflictividad social, la reforma laboral aparece como una pieza central del ajuste. Desde Luz y Fuerza, aseguran:
Lejos de crear trabajo, este tipo de reformas consolidan un escenario de menos y peor empleo, debilitando el entramado social y productivo que un país necesita para crecer
La discusión que se abre en el Congreso no es meramente técnica. Es una disputa histórica sobre qué modelo de país se construye y quién paga el costo de ese rumbo. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con su agenda de desregulación, el movimiento obrero advierte que el precio de esta reforma no se medirá sólo en indicadores económicos, sino en la vida cotidiana de millones de trabajadores.
Porque, como recuerda la historia argentina, cada vez que se debilitó al trabajo en nombre de la libertad de mercado, lo que siguió no fue más empleo, sino más desigualdad, precariedad y conflicto social.
Por El Sindicato de Luz y Fuerza de Cordoba
