El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York para que se suspenda el proceso de discovery y la moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. La solicitud fue elevada a la jueza Loretta Preska y apunta a frenar la etapa judicial destinada a la identificación de eventuales activos embargables para la ejecución de la sentencia.
En el escrito, el Estado argentino cuestionó el alcance de los requerimientos de información realizados por los beneficiarios del fallo y sostuvo que esos pedidos exceden el marco del proceso. En ese sentido, añadió que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación recordaron que el discovery es la instancia que habilita a los demandantes a solicitar información para localizar activos susceptibles de embargo. En ese marco, remarcaron que, a diferencia de lo ocurrido durante gobiernos anteriores, cuando la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, desde diciembre de 2023 el país cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.
Según detallaron, el Estado argentino realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar la información requerida, con un volumen de documentación “sin precedentes”. No obstante, afirmaron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes avanzaron con nuevos planteos que consideraron ajenos al objeto del proceso. En ese contexto, señalaron que Burford escaló la presión judicial a través de una moción de desacato y pedidos de información vinculados a la ubicación de las reservas de oro del Banco Central. Sobre ese punto, aclararon que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables”.
Desde la Procuración sostuvieron que el discovery “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”. Además, indicaron que los demandantes manifestaron de manera explícita su objetivo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país.
Finalmente, el Gobierno ratificó que “la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.
fUENTE: La Nueva MAÑANA
