Luciana Bertoia, periodista y politóloga experta en derechos humanos, alertó que la administración de Javier Milei no solo debilitó las estructuras estatales clave en materia de Memoria, Verdad y Justicia, sino que ahora promueve una “nueva narrativa” sobre el pasado reciente argentino, a pocos meses de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
En una entrevista con La Nueva Mañana, Bertoia trazó un duro diagnóstico sobre el rumbo de las políticas de derechos humanos en Argentina, marcadas en su opinión por un proceso de vaciamiento institucional que, ahora, avanza hacia la construcción de una reinterpretación del pasado.
Según la especialista, primero hubo un intento sistemático de desmantelar organismos y mecanismos vinculados a la memoria histórica y los juicios por delitos de lesa humanidad. Ahora, con la llegada de nuevos funcionarios, se observa —dijo— una estrategia orientada a instaurar una “narrativa alternativa” en torno a hechos clave de la historia reciente.
Bertoia explicó que la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos representa ese cambio de enfoque: mientras su predecesor se concentró en desmontar estructuras, Mogaburu, junto a operadores con vínculos en sectores de Defensa, buscaría instalar una visión distinta sobre las violaciones de derechos humanos y los organismos que históricamente defendieron la memoria colectiva.
La experta también hizo hincapié en que, pese a que continúan algunos juicios por crímenes de lesa humanidad, las liberaciones y absoluciones de represores han aumentado y que hay menos de 80 condenados en prisión efectiva, un número que atribuye a la lentitud y resistencia del sistema judicial frente a los embates de la administración actual.
Además, mencionó que organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación por el retroceso en las políticas de Memoria y Justicia, recordando al gobierno sus obligaciones en la materia.
Bertoia concluyó con una advertencia: “No se está discutiendo solo el pasado, sino el presente de la democracia argentina”, subrayando que el proceso actual podría alterar el consenso democrático alcanzado en décadas sobre el reconocimiento de las violaciones ocurridas durante la última dictadura militar.
Fuente: La Nueva Mañana
