El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tomó una decisión abrupta este jueves y removió de su cargo al secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, luego de que trascendiera una denuncia penal por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros que habrían generado un perjuicio fiscal multimillonario.
Según diversas fuentes periodísticas, la maniobra denunciada consistiría en manipular datos técnicos del sistema SUBE para registrar recorridos de colectivos como si fueran más largos de lo que realmente eran, lo que permitió que determinadas empresas percibieran mayores subsidios estatales de manera indebida.
💸 Perjuicio millonario y denuncia judicial
El daño al Tesoro Nacional por este esquema irregular se estima en unos $30.000 millones, con un impacto mensual aproximado de $3.000 millones durante la gestión de Pierrini, que había asumido en mayo de 2025.
La denuncia fue presentada por la Asociación Arco Social, que apunta tanto a Pierrini como al propio Ministerio de Economía por omisión funcional en la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en especial del sistema SUBE aplicado al transporte automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Organizaciones empresarias del sector habían enviado advertencias técnicas formales desde diciembre de 2025 alertando sobre irregularidades, pero no se habrían adoptado medidas de auditoría efectivas antes de que la denuncia penal se hiciera pública.
💼 ¿Renuncia o despido forzado?
Aunque oficialmente la salida de Pierrini fue comunicada como una renuncia por “motivos personales”, varios medios señalan que la decisión fue forzada políticamente por Caputo, con el aval de Karina Milei, en medio de un intento de frenar el escándalo y “limpiar” la gestión del área en medio de investigaciones judiciales y presiones públicas.
👔 Nuevo responsable y próximos pasos
En reemplazo de Pierrini fue designado Fernando Herrmann, un profesional proveniente de la actividad privada sin antecedentes en el área de Transporte, lo que pone de relieve una profunda reorganización interna en el sector.
Además del foco en subsidios, el Gobierno también planea reforzar el control sobre áreas estratégicas como la gestión aerocomercial, donde empresas como Flybondi han registrado problemas operativos y financieros, lo que ha generado críticas por la falta de regulación efectiva.
🧨 Repercusiones políticas y judiciales
El episodio llega en un contexto de crecientes cuestionamientos hacia la gestión de subsidios del Gobierno nacional, en un año electoral donde temas de corrupción, transparencia y control del gasto público están en el centro del debate político. La presentación penal contra Caputo y Pierrini podría abrir investigaciones más amplias sobre el manejo de fondos del Estado y la supervisión de esquemas de compensación a empresas privadas.
Desde las empresas acusadas, que habrían sido beneficiarias de los subsidios, negaron las irregularidades y señalaron a otros grupos del sector como impulsores de la denuncia, lo que añade más tensión a la disputa interna en el ámbito del transporte.
Fuente: LPO
