En un clima de creciente tensión social y con la reforma laboral del gobierno de Javier Milei avanzando en el Congreso, más de 25 sindicatos de distintos sectores se reunieron en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para empezar a coordinar una respuesta común frente a lo que consideran un ataque directo a los derechos históricos de los trabajadores.
El encuentro, encabezado por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, funcionó como una primera señal concreta de reagrupamiento del movimiento obrero, luego de semanas de malestar en las bases y de fuertes cuestionamientos a la conducción nacional de la CGT por su falta de reacción ante las políticas del Ejecutivo.
Durante la reunión participaron gremios de la industria, el transporte, los servicios, la energía y la administración pública, todos atravesados por un diagnóstico compartido: la reforma laboral que impulsa el oficialismo no apunta a “modernizar” el empleo, sino a flexibilizar condiciones, facilitar despidos, debilitar la negociación colectiva y reducir el poder sindical.
Al finalizar el encuentro, los sindicatos difundieron un comunicado conjunto en el que se declararon en “estado de alerta y unidad”, y anunciaron que comenzarán a trabajar de manera coordinada en tres frentes: el jurídico, para impugnar los artículos más regresivos; el legislativo, para frenar o modificar el proyecto en el Congreso; y el político, con acciones públicas y movilización si el avance del gobierno continúa.
“Estamos frente a una reforma que pretende hacer retroceder décadas de conquistas laborales. No se trata solo de un debate técnico, sino de una disputa de fondo sobre qué modelo de país queremos”, señalaron varios dirigentes al término de la reunión.
Uno de los puntos que generó mayor consenso fue la necesidad de endurecer la postura frente al Gobierno nacional y, al mismo tiempo, interpelar a la CGT para que abandone la pasividad y convoque a medidas de fuerza concretas. Incluso, algunos sectores plantearon abiertamente la posibilidad de avanzar hacia un paro general, si el proyecto llega al recinto sin modificaciones sustanciales.
También hubo críticas hacia los gobernadores que han mostrado disposición a acompañar la iniciativa oficial. Desde el espacio sindical advirtieron que “no se puede negociar gobernabilidad a costa de los derechos de los trabajadores”, y remarcaron que cualquier acuerdo político que legitime la reforma tendrá consecuencias en la calle.
Lejos de cerrarse en una foto aislada, la reunión en la UOM fue presentada como el inicio de un proceso de organización más amplio. De hecho, los gremios acordaron volver a encontrarse la próxima semana para profundizar la coordinación y definir un plan de acción común.
Mientras el Gobierno insiste en avanzar con su agenda de ajuste y flexibilización, el movimiento obrero empieza a reordenarse y a levantar la voz. La incógnita ya no es si habrá conflicto, sino cuándo y con qué intensidad.
