Alejandra Torres sostuvo que es necesaria una modernización de las relaciones laborales, pero reclamó discutir punto por punto el proyecto del Gobierno, con foco en las pymes, el empleo formal y reglas claras que no recorten derechos.
En el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la diputada nacional del peronismo cordobés Alejandra Torres fijó una postura intermedia y llamó a evitar posiciones extremas. En diálogo con Canal 10 CBA, la legisladora sostuvo que la Argentina necesita discutir una modernización del sistema laboral, pero advirtió que no puede hacerse ni con un “no” cerrado ni con un “sí a ciegas”.
Torres confirmó que el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, donde uno de los ejes será el proyecto de “modernización laboral”, junto a otras iniciativas como la ley de glaciares. Sin embargo, aclaró que el primer paso será la definición del Senado, que podría aprobar el texto, rechazarlo o introducir modificaciones antes de que llegue a Diputados.
Modernización sí, ajuste encubierto no
La diputada explicó que su posición personal —que luego deberá discutirse dentro del bloque Provincias Unidas— parte de un diagnóstico concreto:
“Hace más de diez años que el empleo formal no crece en Argentina, mientras aumentan el cuentapropismo, el trabajo en plataformas y la informalidad”.
En ese sentido, consideró legítimo abrir el debate sobre las relaciones laborales, especialmente en un contexto donde el 80% del empleo formal se concentra en pymes, muchas de ellas con menos de 40 trabajadores.
No obstante, marcó una diferencia clave con el discurso oficial:
“Discutir modernización no puede ser sinónimo de pérdida de derechos ni de trasladar todos los costos al trabajador”.
Pymes, litigiosidad y reglas claras
Torres puso el foco en uno de los puntos más sensibles del debate: el temor de los pequeños empresarios a contratar en blanco. Según explicó, muchos empleadores evitan ampliar su plantel por el riesgo de juicios laborales derivados de normas ambiguas y convenios colectivos desactualizados.
“Tenemos convenios del año 1975, pensados para un mundo sin internet ni digitalización. Esa obsolescencia genera conflictos, litigios y termina perjudicando tanto a trabajadores como a empresas”, afirmó.
Desde su experiencia como abogada laboralista, defendió la necesidad de redacciones más claras en la Ley de Contrato de Trabajo, para evitar abusos, discrecionalidades y conflictos judiciales que muchas veces terminan llevando a la quiebra a pymes.
Actividad económica, el límite del proyecto oficial
La diputada también introdujo una advertencia central:
“Si no hay actividad económica, no hay reforma laboral que genere empleo”.
Si bien reconoció que mejorar las reglas laborales puede ayudar, sostuvo que sin crecimiento del consumo y de la producción no habrá creación genuina de puestos de trabajo, más allá de los cambios legales.
En ese marco, cuestionó que el Gobierno haya priorizado la reforma laboral antes que otras discusiones estructurales, como el sistema previsional o una política de desarrollo productivo.
Debate abierto y rol del Congreso
Finalmente, Torres remarcó que el Congreso debe asumir un rol activo:
“Nadie se sienta en una banca para que al país le vaya mal. Defender derechos y discutir mejoras no es egoísmo, es responsabilidad”.
La diputada pidió que el proyecto sea analizado capítulo por capítulo —relaciones individuales, negociación colectiva, contribuciones, empleo en plataformas y asociaciones sindicales— y adelantó que habrá debate interno en su espacio político, especialmente con la incorporación de Juan Schiaretti al bloque.
En un escenario de fuerte polarización, la postura de Torres introduce un matiz poco frecuente: discutir sin dogmatismos una reforma que, según advirtió, puede redefinir el mundo del trabajo en Argentina por décadas.
