Con indicadores fiscales más ordenados pero una sociedad cada vez más golpeada, crece el debate sobre la sostenibilidad social del ajuste.
El Gobierno defiende su programa económico como la única salida posible a la crisis. Orden fiscal, ajuste del gasto y control monetario son los pilares que se exhiben como logros ante organismos y mercados.
Sin embargo, en paralelo, los indicadores sociales muestran un deterioro acelerado. Informes del INDEC revelan aumento de la pobreza y la indigencia, mientras organizaciones sociales advierten por el crecimiento de la demanda en comedores y merenderos.
Desde la CGT, movimientos sociales y centros de estudios como CEPA sostienen que el ajuste recae de manera desproporcionada sobre trabajadores, jubilados y sectores populares. La licuación de ingresos aparece como la principal herramienta de equilibrio.
Economistas de universidades públicas señalan que el orden macroeconómico no es sostenible sin cohesión social. La historia argentina ofrece múltiples ejemplos de planes que fracasaron por ignorar el impacto social.
En el plano político, incluso sectores que acompañaron inicialmente el programa comienzan a marcar límites. Gobernadores, legisladores y referentes territoriales advierten que el costo social puede volverse políticamente inmanejable.
El debate de fondo ya está planteado: si el ajuste es una transición hacia el desarrollo o un modelo que consolida desigualdad y exclusión.
En esa tensión, se juega algo más que una discusión económica: se define qué tipo de país se está construyendo.
