ooperativas, feriantes, cartoneros y trabajadores informales enfrentan un escenario de abandono estatal, caída del consumo y criminalización de la pobreza.
La economía popular, que contiene a millones de argentinos, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Con el retiro del Estado de políticas de acompañamiento, financiamiento y compra pública, las cooperativas y organizaciones comunitarias quedan libradas a su suerte.
Según datos de la UTEP y del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), más del 60% de los trabajadores informales vio caer sus ingresos reales en el último año. A eso se suma la suba de insumos, alquileres y servicios, que vuelve inviables muchos emprendimientos.
Feriantes, costureras, recicladores urbanos, albañiles y productores de la agricultura familiar relatan una misma escena: menos ventas, más competencia desleal y ningún respaldo institucional. “Antes al menos había programas, hoy no hay nada”, repiten.
Desde el Gobierno se los estigmatiza como “planeros” o “intermediarios”, pero en los barrios son quienes sostienen la olla cuando el mercado y el Estado fallan. Organizaciones como la CTEP, el MTE y Barrios de Pie denuncian un proceso de criminalización de la pobreza.
“Quieren que desaparezcamos”, dijo un referente cartonero en una movilización reciente frente al Ministerio de Capital Humano. La economía popular no es un problema: es una respuesta social a un sistema que excluye.
