La política de recorte del gasto público se traduce en pérdida de poder adquisitivo, caída de ingresos reales y deterioro de condiciones de vida para millones de personas.
El programa económico del Gobierno se sostiene, en buena parte, sobre un fuerte ajuste del gasto público. Jubilaciones, salarios estatales, programas sociales y transferencias a provincias fueron los principales blancos de la motosierra fiscal, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
Las jubilaciones mínimas siguen corriendo por detrás de la inflación, incluso con bonos extraordinarios que no alcanzan a compensar la pérdida. Los trabajadores estatales, tanto nacionales como provinciales, enfrentan paritarias a la baja y congelamientos salariales que licúan ingresos mes a mes.
En los barrios populares, la situación se vuelve cada vez más crítica. Comedores comunitarios, merenderos y organizaciones sociales advierten un aumento sostenido de la demanda, mientras los recursos escasean. “La gente viene porque no le alcanza para comer, así de simple”, relatan desde los territorios.
El recorte también impacta en áreas sensibles como salud, educación y políticas de género. Programas que antes sostenían redes de contención hoy están desfinanciados o directamente desactivados, dejando vacíos que nadie cubre.
Desde el oficialismo se habla de “sacrificio necesario”, pero en la calle crece la bronca. Para muchos, el ajuste no es una abstracción macroeconómica: es la heladera vacía, la boleta impaga y la angustia de no llegar a fin de mes.
