El juez federal Julián Ercolini ordenó un embargo preventivo de más de 500.000 millones de pesos contra las dos máximas autoridades del Banco Nación (BNA) durante el macrismo, Javier González Fraga y Lucas Llach, otros exfuncionarios de la entidad financiera y directivos de la firma Vicentin SAIC, en una causa que investiga un presunto acuerdo entre el banco público y la empresa para omitir el cobro de una deuda millonaria.
En la misma resolución, firmada el 30 de diciembre, pero que tomó estado público esta semana, el juez Ercolini ordenó mantener la inhibición de bienes que ya regía desde septiembre de 2025, que prohíbe a los imputados vender sus activos.
El daño de la supuesta defraudación fue estimado por el fiscal Gerardo Pollicita en 300 millones de dólares. Ahora, los 26 imputados deben responder de manera “solidaria” por el monto actualizado de $543.332.587.274.
El BNA tenía en su poder dos cuentas de garantía donde se recaudaban los fondos de la actividad comercial de la empresa Vicentin, que tenía una deuda que ascendía a los 300 millones de dólares. Por allí, en el período investigado, habrían circulado cerca de 800 millones de dólares, informó La Nación.
En lugar de retener ese dinero para cobrar la deuda, según la acusación fiscal, los funcionarios permitieron la transferencia de casi $43.450 millones a cuentas de libre disponibilidad, habilitando que los empresarios pudieran sacar ese dinero del radar del banco.
Los directivos de Vicentin apuntados son Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director) y Máximo Javier Padoan (director), cuyo padre, Alberto Padoan, está siendo juzgado en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Fuente: La Nueva MAÑANA
