El Presupuesto aprobado en Diputados ingresó al Senado envuelto en tensiones políticas que ponen en riesgo su sanción antes de fin de año. Aunque el Poder Ejecutivo sostiene que espera que el proyecto sea aprobado sin modificaciones, en la Cámara Alta comenzaron a surgir obstáculos que complejizan el escenario.
El principal foco de conflicto es el artículo 30, que elimina compromisos de financiamiento para áreas sensibles como educación, ciencia y técnica, educación técnica y defensa. La discusión encendió alarmas no solo en sectores de la oposición, sino también entre aliados circunstanciales del oficialismo.
A esto se suma el malestar expresado por representantes del PRO, disconformes con los acuerdos entre el oficialismo y Unión por la Patria para la designación de miembros en la Auditoría General de la Nación (AGN). En paralelo, varios gobernadores manifiestan reparos para acompañar el Presupuesto debido a la deuda previsional que el Estado nacional mantiene con las cajas provinciales, un reclamo que atraviesa a distintas fuerzas políticas.
En este contexto, la senadora Patricia Bullrich busca apoyos entre algunos senadores peronistas, una estrategia que resulta llamativa por su contradicción con posiciones sostenidas anteriormente. El problema de fondo es que cualquier modificación obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados, reduciendo drásticamente las chances de cerrar el año con un Presupuesto aprobado.
Reforma laboral: falta de votos y retroceso político
La situación se replica en el tratamiento de la reforma laboral, cuyo debate fue postergado hasta el 10 de febrero. Bullrich justificó la decisión en la necesidad de escuchar a todos los senadores, una explicación que contrasta con la prepotencia inicial con la que el oficialismo intentó avanzar sobre el tema.
Detrás del discurso formal, todo indica que no están los votos necesarios para aprobar la iniciativa. También se diluye la pretensión del oficialismo de disciplinar al Senado y reducir el rol de la vicepresidencia, que no parece dispuesta a facilitar el avance de proyectos clave del Ejecutivo.
Una ventana para la oposición
El escenario abre una oportunidad para que la oposición recupere protagonismo y fije una agenda propia, especialmente en torno a la reforma laboral. El proyecto oficial, tal como está planteado, deja desprotegidos a sectores como los trabajadores de plataformas, ignorando transformaciones profundas del mundo del trabajo.
Desde una perspectiva nacional y popular, se plantea la necesidad de discutir los cambios junto a los propios trabajadores, incorporando propuestas que contemplen la realidad del empleo precario, la economía digital y las nuevas tecnologías.
Más que oposición: proyecto
La editorial plantea que no alcanza con marcar los errores del gobierno ni con contrastarlos mecánicamente con gestiones pasadas. La experiencia demuestra que oponerse no es suficiente: es imprescindible construir propuestas concretas y un plan de gobierno.
Gobernadores e intendentes —en particular de la provincia de Buenos Aires— aparecen como actores clave para impulsar una actualización del Movimiento Nacional, dejando atrás la estigmatización del trabajo precario y enfocándose en la generación de empleo formal.
Tecnología y política
El debate también incorpora el impacto de las nuevas tecnologías. Internet, los teléfonos celulares, la inteligencia artificial y la computación cuántica ya están modificando las relaciones económicas, sociales y políticas. Lejos de rechazarlas, se propone pensar cómo utilizarlas para simplificar la vida cotidiana, mejorar la gestión y disputar sentido político.
Desde la editorial se sintetiza una consigna: inteligencia artificial al servicio de un proyecto nacional y popular, como parte de una estrategia que convoque mayorías y renueve el protagonismo del movimiento nacional.
No es tiempo de discusiones internas estériles, sino de convocar, construir y proponer frente a un escenario de ajuste, fragmentación y retroceso institucional.
