En una entrevista radial, la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar del gendarme Héctor Guerrero, quien está procesado por haber disparado un proyectil de gas lacrimógeno contra el fotorreportero Pablo Grillo, el 12 de marzo de 2025, durante una marcha de jubilados que se desarrollaba en inmediaciones del Congreso.
Bullrich intentó justificar a Guerrero, aludiendo a inconsistencias y contradicciones, tales como poner en duda quién fue la persona que disparó, pese a que la Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires no sólo identificó al gendarme señalado, sino que también confirmó su procesamiento, asegurando que era consciente de que una granada de gas lacrimógeno dirigida al cuerpo puede llegar a causar la muerte.
“El gas fue tirado de manera correcta, pero cuando tenés una horda que te viene atacando, tirando con lo que tiene, destruyendo todo…”, intentó justificar Bullrich el accionar de Guerrero, quien fue inicialmente identificado por el llamado Mapa de la Policía, que logró realizar una reconstrucción de la escena, con el entrecruzamiento de diversos registros.
“Yo vi las pericias, que dan que el gendarme tiró de manera correcta“, reiteró la senadora y ex ministra, poniendo incluso en dudas el accionar de la Justicia, que procesó a Guerrero, y aludiendo a un supuesto rebote del proyectil que impactó en Pablo Grillo, pese a que está comprobado que el disparo fue dirigido en línea recta.
Cabe mencionar que la Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre confirmó el procesamiento de Guerrero y aseguró que el gendarme “disparó seis veces su arma con municiones de granadas de gas lacrimógeno, de forma prácticamente horizontal, apuntando a grupos de personas que se hallaban frente a los cordones formados por fuerzas de seguridad”.
Desde el día de la agresión, Grillo atraviesa una lenta y dramática recuperación.
El ataque que sufrió se convirtió en un episodio paradigmático para el reclamo de organismos de Derechos Humanos en contra del “protocolo antipiquetes“, que recientemente la Justicia Federal consideró inconstitucional y que el Gobierno logró sostener, apelando la medida judicial.
Fuente: La Nueva Mañana
