La abogada de Córdoba especializada en discapacidad cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad.
La abogada especializada en discapacidad, Marta Lastra, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió que la medida implica “un retroceso histórico” en materia de derechos.
En declaraciones a Canal 10 y al programa Fuerte y Claro de las radios de los SRT, sostuvo que el cierre implica abandonar el modelo social de la discapacidad —impulsado a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— para volver a un enfoque médico-rehabilitador que reduce las necesidades de las personas únicamente al ámbito de la salud.
“Volver a pensar que una persona con discapacidad solo tiene necesidades sanitarias es un completo retroceso”, señaló Lastra, al tiempo que alertó que el sistema de prestaciones y de pensiones no contributivas “va a desaparecer tal como se lo conoce”. En ese sentido, cuestionó cómo el Ministerio de Salud podría definir políticas vinculadas al transporte, la educación o la inclusión social, áreas que exceden lo estrictamente médico.
La abogada también apuntó contra presuntas irregularidades en la gestión de la ANDIS y rechazó que el ajuste recaiga sobre el colectivo de personas con discapacidad. “¿Hubo manejos irregulares? Sí, pero por parte de funcionarios del propio Gobierno nacional”, afirmó, y recordó que existen préstamos del BID por más de 265 millones de dólares que aún no fueron debidamente rendidos. Además, mencionó pedidos de informes realizados en el Congreso, entre ellos por la diputada Natalia de la Sota, que no habrían sido respondidos.
En sus declaraciones, Lastra cuestionó viajes y contrataciones internacionales realizadas por exautoridades del organismo y sostuvo que “ahora somos las familias las que tenemos que pagar los platos rotos de una administración no solo necia, sino fraudulenta”. También vinculó el cierre de la ANDIS con intereses políticos y el destino de fondos en algunas provincias.
Desde una perspectiva personal, la abogada y madre de un niño con discapacidad, relató el impacto cotidiano de las decisiones oficiales: la falta de transporte para acceder a terapias, el cierre de servicios y la sobrecarga que enfrentan las familias. “No podemos bajar los brazos porque es muy probable que el sistema de la discapacidad desaparezca”, expresó, visiblemente emocionada, y reconoció que la lucha permanente le quita tiempo con sus hijos.
Finalmente, Lastra adelantó que el colectivo de la discapacidad evalúa avanzar por todas las vías posibles, incluidas acciones judiciales y parlamentarias, para garantizar la continuidad de las prestaciones. “No tenemos fondos, lo hacemos a pulmón, pero hay algo que la familia de la discapacidad no sabe hacer: bajar los brazos”, concluyó.
Fuente: CBA24N
