Mediante el Decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso que las obras para expandir la red eléctrica nacional sean ejecutadas bajo el régimen de concesión de obra pública con la financiación de privados.
La normativa, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, establece que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra.
Desde el Ejecutivo aseguraron que “este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.
Asimismo, desde una mirada denostativa de la obra pública y con confianza ciega en la inversión privada, según el Gobierno se logrará “mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.
Al respecto, señalaron que “se trata de una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y permitir el desarrollo de nueva generación”.
La decisión se enmarca en la emergencia del Sector Energético Nacional (prorrogada hasta julio de 2026) y oficialmente se indicó que responde a la necesidad de cubrir las necesidades de inversión para asegurar la prestación continua de los servicios de transporte en condiciones técnicas y económicas adecuadas.
En este sentido, la administración de Javier Milei destacó que la medida “avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.
La norma delega en la Secretaría de Energía nacional la ejecución del proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.
Fuente: La Nueva Mañana
