Este martes 9 de diciembre, la Legislatura de Mendoza dio luz verde definitiva al ambicioso proyecto minero PSJ Cobre Mendocino —más conocido como “San Jorge”— abriendo la puerta a la explotación de cobre en la zona de Uspallata, en pleno corazón de la precordillera.
Con una votación de 29 a favor, 6 en contra y una abstención, el Senado selló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitirá que la empresa avance con los trabajos en una región cuyos recursos hídricos y ecosistemas quedaron históricamente protegidos.
💰 “Primer megaproyecto minero en 18 años”… y un negocio jugoso para pocos
El PSJ representa el primer gran proyecto metalífero aprobado en Mendoza desde hace casi dos décadas. Se trata de una mina de cobre (con algo de oro), que según la empresa promete producir concentrados anuales, explotar un pórfido de cobre descubierto décadas atrás, y justificar inversiones millonarias bajo la excusa de “desarrollo y empleo”.
Prometen puestos de trabajo: 1.000 en la etapa de construcción, decenas o centenares en la operativa. Pero el problema real —alertan organizaciones ambientalistas y pueblos originarios— no es solo empleo: es el agua, el ecosistema, la vida. Y ese precio podría ser mucho más alto que cualquier salario.
🚨 Agua, montaña y vida: todo en la mesa — o en el cajón
Para la mina (y quienes la impulsaron), algunos procesos se realizaron “sin cianuro, sin ácido sulfúrico ni mercurio”, formalmente para cumplir con la Ley 7722, que prohíbe sustancias tóxicas.
Pero no alcanza. Críticos advierten que los reactivos alternativos (xantatos, floculantes, químicos usados en la flotación) siguen siendo riesgosos. Y en una zona árida como Uspallata, donde el agua es un recurso vital para riego, consumo, turismo y vida humana —una provincia entera depende de ese recurso— la amenaza no es menor.
Organizaciones medioambientales, asambleas vecinales y vecinos nucleados en la lucha contra la megaminería sostienen que no hubo licencia social genuina: la mina fue aprobada por votos, no por consenso.
💥 ¿Qué se aprobó? Más que una mina: una estrategia de saqueo sistemático
- La aprobación de la DIA implica que la empresa ya podría comenzar la construcción —y eventualmente la explotación—, tras años de estudios, suspensiones y promesas.
- Al mismo tiempo, en la sesión también se avalaron nuevos paquetes mineros: la etapa II del Distrito Malargüe, con decenas de proyectos más, consolidando una ofensiva extractivista provincial.
- Se abre un precedente: Mendoza rompe con años de restricción a la megaminería metalífera en zonas sensibles, y redefine su relación con la naturaleza, el agua, y los derechos de pueblos y comunidades.
🗣️ “El agua no se vende, el pueblo no se arrodilla” — la voz desde Uspallata
Mientras los legisladores firmaban el aval, miles salieron a las calles en Uspallata y en Mendoza capital para protestar. Para muchos, la mina no representa trabajo: representa riesgo, despojo, represión. Y una historia que se repite.
El grito de alerta crece: “No al extractivismo. El agua es vida”. Porque, advierten, lo que se juega no es hierro, cobre u oro… es el derecho a vivir, a beber, a cultivar, a heredar un territorio sano.
