El Juzgado Federal N°2 de Catamarca resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablezca la totalidad de pensiones suspendidas en todo el país y pague el importe de los haberes de pensión retenidos. Además, en la mañana de este viernes, un grupo de personas se manifestó en la sede central de la Agencia en el barrio porteño de Belgrano por la falta de cumplimiento de un aumento de aranceles para los prestadores y por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Con la medida cautelar, el titular del Juzgado –Guillermo Díaz Martínez– le dio un plazo de 24 horas a Andis para pagar los importes y le pidió que, hasta que no haya una sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías propuestas en el decreto 843/2024 y de “disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.
“La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa”, explicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Por este motivo, la resolución del Juzgado catamarqueño hace extensiva la protección a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.
“El restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad”, aseguraron desde el CELS.
La causa fue iniciada por el defensor del pueblo de la provincia de Catamarca e impulsada entre otras organizaciones por la Asociación Azul, la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS y por personas afectadas. Además, contaron con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
En septiembre, luego de una presentación judicial realizada por la Defensoría del Pueblo y respaldada por el Gobierno de Formosa, se habían dejado sin efecto las suspensiones de las pensiones en la provincia del norte del país.
La toma de Andis
Este viernes a la mañana, trabajadores que prestan servicios a pacientes y familiares de personas con discapacidad irrumpieron en las oficinas Andis de Belgrano, ya que no los querían recibir. Reclamaron por la falta de cumplimiento de un aumento de arenceles para los prestadores y por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La protesta comenzó desde temprano en la entrada del edificio. Los manifestantes reclamaban que el interventor de Andis, Alejandro Alberto Vilches, efectivice en una reunión de directorio el aumento en el pago a prestadores. Valentina Bassi, actriz y madre de un niño autista, explicó a Página/12: “Hoy ya es tarde, las terapias que se perdieron este año son irreparables. Es muy delicado el sector de discapacidad, muy frágil, se necesitan las terapias y se necesitan ahora”.
Martín Félix, activista y prestador, puntualizó para Página/12 que el anuncio del aumento fue en julio, pero que aún no se hizo efectivo. Sin embargo, el costo de vida y de mantenimiento de las instituciones aumentan y la plata no llega. “Necesitamos un aumento del 70% para poder afrontar nuestras obligaciones, para poder mantener el servicio, las instituciones abiertas y la prestación activa. Lo que estamos reclamando es lo que nos otorga la ley. Realmente lo necesitamos: no es que estamos pidiendo un dinero para estar holgados, sino para poder pagar las deudas que tuvimos que sacar por lo que está pasando”.
Bassi aclaró que la convocatoria de la movilización originalmente había sido a las 11 horas, pero que luego Vilches anunció que se reuniría con el directorio. “A las tres horas, suspendieron la reunión hasta nuevo aviso. Lo vienen haciendo hace un montón. Entonces, a esta movilización llegamos cansados”, relató. El interventor aseguró que no iba a trabajar bajo presión y se negó a recibir la carta que habían preparado las organizaciones.
Ante las reiteradas postergaciones del encuentro y el anuncio de su cancelación, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas. “No quiso recibir la carta que le quiso entregar Pablo Molero del Foro Permanente Discapacidad, que es algo simbólico… una formalidad. Estamos en una situación tan, pero tan límite. Nunca vi semejante nivel de maltrato y abandono”, agregó la actriz.
María, una mamá de dos hijos con discapacidades, quien ingresó a las oficinas del Andis por la fuerza, expresó a un móvil televisivo: “Esto es calidad de vida, es necesidad. Que nos reciban. Que nos escuchen. Y que me digan en la cara por qué mis hijos no pueden tener su terapia completa, por qué las personas que trabajan acá para mis hijos no cobran en tiempo y forma. Es ilógico. Ellos también tienen familias”.
Tras quebrarse ante las cámaras, sumó: “Queremos que la Ley se haga efectiva, pero nadie nos informa nada. Tuvimos que ser extremistas y nos tuvimos que volver algo que no somos: violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para poder entrar. ¿Te parece que tenemos que llegar a ese extremo, de ser violentos cuando no lo somos? No somos personas violentas. Necesitamos que nuestros hijos tengan su calidad de vida”.
Además del aumento del nomenclador para prestadores, los reclamos de los manifestantes incluían las bajas injustificadas de pensiones, los retrasos salariales y el faltante de medicamentos y terapias en situaciones críticas, entre otras. Félix describió el humor del lugar como “demasiado” entre “las familias, las personas con discapacidad y muchos prestadores porque pareciera como si nos tomaran el pelo”. En ese contexto, Vilches tuvo que recibir a dos representantes y aceptar, finalmente, el petitorio.
Pujas legales
En cuanto a la vigente ley de emergencia, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la norma quedará suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin. Bassi aclaró: “En discapacidad el tiempo es vital. Las terapias que los chicos se perdieron este año en muchos casos son irreparables: o que no las tuviste en el momento que necesitabas, después ya es tarde. Estamos en una situación muy delicada, de muchísima fragilidad. Cuando hay una ley de emergencia es porque la situación es muy grave o muy delicada y que jueguen con el tiempo de esta forma como han jugado durante todo el año, la verdad que es muy agotador”.
Bassi recordó el ir y venir legislativo de la Ley y luego el decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial, donde se detalló que su aplicación “queda suspendida en su ejecución”, por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Congreso “determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”. Para Bassi este es “un decreto completamente inconstitucional que no tiene ni pies ni cabeza”.
En sus considerandos, el Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Congreso el 15 de septiembre y señaló que “es en el marco de la aprobación del Presupuesto” en donde “se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”. Así, remarcó que “corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.793 sean considerados en dicha discusión parlamentaria, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”.
Fuente: Pagina 12
