El colectivo de discapacidad comenzó un paro y anunció una marcha federal el martes 21 de octubre para exigir la implementación de la ley que impulsa una mejora en las pensiones y en los aranceles. Córdoba se suma al reclamo nacional con una movilización en la Plaza San Martín, a las 12.
Durante la jornada, en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, un nutrido grupo de manifestantes reclamó una reunión con los ejecutivos para avanzar en la implementación de la normativa. En las puertas de las oficinas se vivieron momentos de tensión ante la negativa de los funcionarios de sostener una reunión.
Con una conferencia de prensa en el Colegio de Psicología de la Provincia, trabajadores del sector repudiaron los recortes del gobierno de Javier Milei, los desvíos de fondos y las denuncias por presuntas coimas en la Andis.
“Sin Estado no hay derechos, sin derechos no hay democracia y la Emergencia en Discapacidad es democracia”, manifestaron las representantes de la Asambelea de Trabajadores de Inclusión que ya empezaron el cese de actividades.
En la misma línea señalaron que “en un contexto de crisis social y económica sin precedentes el Gobierno ha elegido debilitar el Estado y vaciar nuestras instituciones, en lugar de garantizar los derechos conquistados”. Y afirmaron: “Diversos colectivos y referentes en derechos humanos lo denominamos genocidio por goteo. Una forma silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y derecho a existir en condiciones de igualdad“.
“La ley de Emergencia y Discapacidad sancionada por el Congreso continúa sin una implementación efectiva debido a una reglamentación restrictiva que limita su espíritu y anula sentido de urgencia”, denunciaron y agregaron que a esto se le suma la cancelación intempestiva de la reunión del Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, que provocó el rechazo de familiares en la Ciudad de Buenos Aires y terminó con una concentración en las puertas de la sede cental.
Tras las bajas de miles de pensiones sin justificación, indicaron que muchas personas dependen de ese ingreso “para sobrevivir”: “La ausencia de respuesta obligatorias a derechos básicos genera procesos largos y desgastantes que profundizan la vulneración de quienes más necesitan apoyo y constituye una forma de violencia institucional y abandono estatal”, reforzaron.
A su vez, trabajadores denunciaron la falta de investigación del supuesto entramado de coimas que apunta a funcionarios de alto mando y cuestionaron la ausencia en el Congreso de la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, que serían interpelados por presuntos hechos de corrupción.
También señalaron la “falta de transparencia en el manejo del transporte público destinado a las políticas de discapacidad”: “Los fondos fueron transferidos por la Jefatura de Gabinete pero nadie sabe dónde están. No hay informes. No hay rendición de cuentas. No hay explicación”, subrayaron.
“Estos hechos no pueden interpretarse como errores ni demoras administrativas. Evidencia en un proceso de desmantelamiento progresivo del sistema de apoyo y del encamado institucional. Que convierte la vida de las personas más vulneradas en una variable de una dinámica que produce un deterioro sistemático, cotidiano y sostenido de las condiciones de vida”, declararon las tabajadoras en la conferencia de prensa, quienes compartieron un documento elaborado por diferentes agrupaciones.
Transportistas presentaron un amparo
Este viernes, el Colectivo 3 de Diciembre realizó una caravana, con más de 250 conductores, para impulsar un amparo legal que presentaron ante la Justicia Federal a comienzos de esta semana. El documento cuestiona la suspensión de la ley de Emergencia dispuesta por Javier Milei, tras su ratificación que el Congreso.
La caravana de transportistas de personas con discapacidad se conformó con conductores de diferentes puntos de la provincia y culminó en Tribuanles Federales, en donde el juez federal Hugo Vaca Narvaja los recibió. Leandro Ator, integrante del Colectivo 3 de Diciembre detalló a La Nueva Mañana que el magistrado se comprometió a respoder el amaparo con “celeridad”.
De la jornada participaron conductores de Traslasierra, provenientes de Villa Dolores, La Paz y de otros pueblos de las Sierras Chicas.
Reclamos en la Andis
Durante la jornada, marcada por los reclamos de las personas con discapacidad y profesionales de la salud, un nutrido grupo se movilizó a la sede central de la Andis, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir que se aplique la ley aprobada por el Congreso.
Según los manifestantes, las autoridades se comprometieron a recibir a una delegación integrada por diferentes colectivos para trabajar en el avance de la promulgación de la normativa, pero a último momento los funcionarios rechazaron la reunión.
En el lugar se vivieron momentos de tensión, ante la negativa de la intervención en el organismo de recibir un petitorio con las demandas de las agrupaciones.
Sin respuestas de parte de los funcionarios, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a las oficinas, aunque sin mayores consecuencias, solo se verificaron forcejeos y la presión a las puertas de ingreso, que cedieron y pudieron entrar a las oficinas del primer piso.
