Ante la fuerte suba del dólar y la urgencia de conseguir divisas, el Gobierno eliminó en forma transitoria las retenciones a todos los granos y a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre, o hasta alcanzar un ingreso de 7.000 millones de dólares.
La medida, de claro sesgo electoral, tendrá un costo fiscal estimado entre 1.000 y 1.800 millones de dólares y, según los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, es oportunista, transitoria y dañina para las cuentas públicas: equivale a resignar el 0,25% del PBI.
Los decretos firmados por Javier Milei fijaron en cero los derechos de exportación de cereales, oleaginosas y carnes, con el objetivo de forzar una rápida liquidación de divisas. El trasfondo es evidente: la derrota en Buenos Aires y la escalada cambiaria profundizaron un cuadro de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo. El propio Gobierno admite que, como efecto inmediato, los precios de alimentos básicos —leche, harina, carnes y aceites— sufrirán nuevas remarcaciones.
El beneficio alcanza sobre todo a grandes productores y exportadoras que todavía conservaban stock a la espera de una devaluación mayor, mientras que los pequeños agricultores ya liquidaron sus granos en junio. Desde la Federación Agraria advirtieron que la decisión “favorece a las multinacionales y no al productor chico”. Tras el anuncio, el Ejecutivo reunió a la Mesa de Enlace, que celebró a medias y pidió la eliminación definitiva de las retenciones.
La maniobra apunta a sostener artificialmente el tipo de cambio hasta las elecciones del 26 de octubre. Según cálculos del Iaraf, el costo fiscal directo será de unos 1.000 millones de dólares, equivalente a casi la mitad del superávit proyectado para 2026. La oposición recuerda que ese monto es similar al presupuesto que Milei vetó para universidades y el Hospital Garrahan con el argumento de la falta de recursos.
Los gobernadores provinciales salieron al cruce. Axel Kicillof cuestionó el “cambio de discurso” del oficialismo, que hasta hace semanas defendía las retenciones como garantía del superávit. Maximiliano Pullaro advirtió que “no se pueden usar con fines electorales” y Martín Llaryora pidió un plan productivo estable: “Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por especulación financiera o electoral”.
Fuente: Primereando Las Noticias
