El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad -que el Congreso ratificó rechazando el veto del presidente Javier Milei- hasta el 31 de diciembre de 2026, pero resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. El lunes pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había confirmado la promulgación de la norma, pero condicionó su aplicación a que se defina su financiamiento.
En el texto de la medida, el Poder Ejecutivo justificó la suspendió la aplicación de la legislación por el “impacto fiscal” que, entiende, implicaría para las cuentas del Estado. De acuerdo a los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 durante 2025 (equivalente al 0,26 % del PBI) y un adicional de $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI).
Fuente: La Nueva Mañana
