El nuevo triunfo justicialista en las secciones Segunda, Cuarta y Séptima, e incluso su estabilidad en la Quinta, da cuenta de un potencial cambio en los ánimos políticos del interior bonaerense. Se trata de, a priori, la reconsideración por parte de los sectores rurales de la provincia de Buenos Aires, que empiezan a cambiar su mirada respecto al peronismo, tras el conflicto de la resolución 125, allá por el lejano año 2008.
El malestar de los productores agropecuarios con el gobierno nacional, por el tipo de cambio bajo y las promesas incumplidas en materia de retenciones, es explícito. En algunos casos, como en el de Carbap o la Sociedad Rural, representa además un virtual principio de fractura entre la conducción y las bases.
Esta reconfiguración en el interior bonaerense tiene un primer mojón en 2023. Dos años atrás, Axel Kicillof reeligió y terminó primero en cuatro de las cinco secciones que componen el interior. Sólo cayó en la Sexta por poco menos de 3 mil votos. Este recorrido tiene, dicho por intendentes y dirigentes rurales, un interlocutor aglutinante que es el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
“Su acompañamiento fue fundamental”, dijo a Buenos Aires/12 Juan Erreguerena, cabeza de la lista de Fuerza Patria en Ayacucho, el municipio que concentra la mayor cantidad de cabezas de ganado y donde el peronismo ganó tras dieciséis años el pasado 7 de septiembre.
El extenso municipio de la Quinta sección no fue la única victoria con peso histórico. En Pergamino y Junín, un representante de del justicialismo volvió a ganar después de doce años. En Olavarría, centro ganadero bonaerense, Fuerza Patria revalidó la gestión de Maximiliano Wesner, así como en Tres Arroyos, sede de la Fiesta del Trigo, mantuvo el apoyo Pablo Garate.
El combo de triunfos se amplían con casos de pequeña escala poblacional, pero con con dimensión agraria. En Florentino Ameghino, el peronismo ganó después de doce años. O en Rauch, donde gobierna Maximiliano Suescún, presidente del Foro de Intendentes Radicales, el festejo llegó después de 14 años.
Pero, ¿cuál es el voto del campo? Para Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, no representa más del 5 por ciento del electorado, según dijo en una reciente entrevista. En la misma charla, señaló que las medidas del gobierno nacional impactan mucho más que las provinciales, entre ellas, las retenciones.
Sin embargo, como cuentan múltiples dirigentes del peronismo y del radicalismo, la mayoría de las localidades que representan o buscan representar en el interior tienen una raigambre cultural con el sector agropecuario por fuera de si son o no productores. Paradójicamente, el mismo Kovarsky sostuvo que los pueblos de más de 8 mil habitantes toman distancia con el campo, aunque el comercio y la economía local mantiene un lazo retroalimentario.
Que la lista liderada por Alejandro Masague en Pergamino, ciudad de más de 115 mil habitantes y protagonista de un recordado tractorazo en julio de 2008 en contra de las retenciones, ejemplifica parte de este cambio de rumbo. Lo mismo en Tres Arroyos, actor relevante durante el lock out patronal contra la 125 por el corte de la Ruta 3, que revalidó al peronismo que ganó en 2023 tras dos décadas.
La torsión conceptual tiene un anclaje en la mirada de Patricio Griffin, ex directivo del INAES y ligado desde siempre a las cooperativas de productores agrícolas. Sostiene que los que se quedan con la parte mayoritaria de la renta agropecuaria son las cerealeras, que son jugadores globales. Por ende, ni los gobiernos populares deberían enfrentarse con los productores ni los productores con esos gobiernos. Su lectura advierte que si ambos actores lograran deponer prejuicios y desarrollar estrategias conjuntas para reducir su intermediación, ganaría el país en su conjunto.
Los pilares de la política rural
Hay un fenómeno reconocido que trasciende barreras ideológicas y son las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, que lejos de profundizar el histórico desencuentro, consideraron al sector como un aliado estratégico en términos de producción.
No siempre mantienen un ida y vuelta positivo, pero la presencia es constante. En los últimos días, estuvo en Pergamino donde firmó la adhesión del municipio al Plan de Mejoras de Caminos Rurales. Allí se anunció una inversión de casi 30 millones de pesos para mejorar la transitabilidad del Camino de la Cruz y el Camino Secundario 082-04.
También estuvo en 9 de Julio, partido gobernado por la ex PRO, María José Gentile, hoy en Somos. Allí ganó La Libertad Avanza a nivel concejales y senadores. Tras el encuentro con representantes de la Sociedad Rural y Carbap, los dirigentes trataron la visita de Rodríguez como “electoralista” y que el pedido de ayuda para los afectados por las inundaciones lleva meses.
Por eso, el ministro no deja de sostener que faltan muchas obras por ejecutar. Y, en paralelo, también pone en valor aquellas que van más allá de la logística o economía directa del productor pero que jeraquiza la vida en el campo. En las reuniones hace hincapié en las nuevas escuelas rurales, teniendo en cuenta que María Eugenia Vidal cerró unas 20, o los centros de salud en pequeñas localidades del interior.
De todas maneras, para la gestión Rodríguez, hubo al menos tres líneas de trabajo encaradas desde 2019 que, sistematizadas a lo largo de un período y medio de gobierno, comienzan a limar viejas asperezas. La más visible es el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, aún en una etapa de severas restricciones presupueuestarias como la que comenzó en diciembre de 2023, fruto de la retención indebida de fondos provinciales por parte de Javier Milei.
El primer tramo par sacar la producción, entre la tranquera y la ruta, suele ser municipal o provincial. La provincia hizo un esfuerzo por mantener sus caminos y otro adicional para asistir a los municipios, ya sea con fondos, equipamiento (entrega de palas cargadoras) o con capacitación a los secretarios de Obras Públicas o Infraestrucutra municipales.
En todos los casos, estas políticas pasan por mesas que, además de funcionarios locales, de la fuerza política que sea, también integran las entidades ruralistas a nivel local. Este programa lleva invertidos, al día de hoy, 32 mil millones de pesos, con un saldo de 5 mil kilómetros caminos mejorados, repartidos en 400 obras a lo largo y ancho de 110 municipios.
Las obras consisten en enripiado y estabilización, para garantizar su transitabilidad, aspecto que se vuelve crítico cuando ocurren eventos climáticos como los de los últimos meses. A modo de ejemplo, 9 de Julio lleva acumulados 1115 milímetros caídos en lo que va de 2025, cuando su promedio anual de precipitaciones es menor a 700 mm. Algo similar ocurre en Bolivar: ya cayeron casi mil, cuando el promedio anual es inferior a 700.
Obras contra las inundaciones
La segunda línea que explica la cartera agraria, donde también incide la cuestión climática, es el empeño del gobierno provincial en continuar con las obras de la Cuenca del Salado, cuya responsabilidad es compartida por ambos niveles del estado, Nación y Provincia.
Hace apenas tres meses, una gran tormenta expuso las consecuencias de la motosierra en la región, que abarca los 30 distritos y abarca una superficie aproximada de 6,4 millones de hectáreas. La reciente tormenta de Santa Rosa sólo agravó la situación.
El plan, que data de 1997 y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consiste en profundizar y mejorar el dragado del lecho, hasta extraer unos 100 millones de metros cúbicos, que serían destinados a terraplenes y construcciones defensivas, para impedir el anegamiento de las zonas aledañas al curso del río.
Se trata de medidas largamente esperadas por los productores de la zona, cuya economía se ve seriamente amenazada por esta clase de eventos climáticos, cada vez más frecuentes. En aquella ocasión, a fines de mayo, los productores se hicieron oír en las redes sociales y arrobaron incluso a las entidades, que por entonces intentaban no irritar al gobierno libertario.
“Hay tramos que nos corresponden a nosotros y tramos que le corresponden a Nación. La parálisis de Nación ya de por sí es tremendamente negativa, pero ahora estamos en un punto en el que, si nación no hace su parte, nos complica también las siguientes etapas”, sostuvo al respecto el ministro en un breve intercambio con Buenos Aires/12.
Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia.
Rodríguez se refiere al Tramo 4.2, que el gobierno nacional ni siquiera comenzó. El Tramo 1 fue completado durante el gobierno de Néstor Kirchner, el 2 y el 3 durante el de Cristina Fernández de Kirchner.
El Tramo 4 era el más complejo técnicamente, por eso Macri lo subdividió en 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. Pero, a su vez, subdividió el 4.2 en I, II, III y IV. El primero fue completado por la gestión de Gabriel Katopodis, e tiempos de Alberto Fernández, pero el siguiente fue víctima de la motosierra de Milei y Luis Caputo, pasado medio mandato, ni siquiera fue licitado.
Por último, señalan el Plan de Desarrollo Rural Bonaerense, que terminó cubriendo el vacío dejado por el vaciamiento y cierre del programa Cambio Rural del INTA, que atendía especialmente las necesidades de pequeños productores y productores de actividades intensivas como la cría de ovinos, la apicultura, la avicultura y la fruticultura entre otras.
Para eso, el plan lleva ejecutados unos 180 mil millones de pesos, divididos en diez líneas de financiamiento, que incluyen apoyo a tambos, cooperativas, biodigestores, mejoras para bovinos, agricultura familiar, construcción de salas de faena y mercados regionales.
Las últimas dos van en línea con la recuperación (y en algunos casos desarrollo inicial) de los denominados cinturones verdes alrededor de cada gran ciudad. Esto tiene el sentido de buscar un doble impacto positivo: reducir el precio de los alimentos al bajar los costos de transporte y logística y generar empleo en las ciudades medianas y pequeñas para fomentar la ruralidad y detener la migración a los conurbanos.
Fuente: Pagina 12
