Los diputados cordobeses Gabriela Estevez y Pablo Carro, del bloque Unión por la Patria (UxP), presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo que informe de manera urgente sobre la situación actual de la mina de uranio Los Gigantes, a raíz de la rotura de una geomembrana de contención en el Dique 3, que genera una grave amenaza de contaminación en los cursos de agua que alimentan al Dique San Roque y el suministro del vital elemento en las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz.
“La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que el daño fue causado por vientos de más de 100 km/h, lo que evidencia la vulnerabilidad de las actuales medidas de seguridad. Pese a las afirmaciones de la CNEA sobre las reparaciones, los vecinos de la zona denuncian que las filtraciones continúan, poniendo en duda la efectividad de las acciones oficiales y la veracidad de la información pública”, advierten los diputados.
El texto del proyecto puntualiza que “el riesgo se ve agravado por la ubicación estratégica del complejo”, ya que “la mina se encuentra en la zona de nacientes de varios cursos de agua, entre ellos el río San Antonio, que a su vez desemboca en el dique San Roque“; y que “este embalse es la principal fuente de agua potable para una vasta región, incluyendo la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz y numerosas localidades circundantes”.
El pedido de informes de Estévez y Carro apunta también a la política del Gobierno nacional que “agrava de manera sistémica la situación de la Mina de Los Gigantes”, al basarse su modelo de desarrollo en una “lógica extractivista que prioriza el lucro inmediato sobre la sostenibilidad ambiental, desmantelando la capacidad del Estado para regular y controlar los impactos de la industria“.
En este sentido, alude también a la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras para 231 productos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como una amenaza existencial para la soberanía sobre los recursos naturales.
Y agrega que “la visión del gobierno sobre el medio ambiente, descrita como ‘negacionismo climático‘, se manifiesta en un desfinanciamiento sistemático de la ciencia y la tecnología”, y la “desinversión en organismos como la CNEA, que ha visto su presupuesto reducido drásticamente, y la política de desmantelamiento de programas científicos y de protección ambiental”, que “reflejan una postura ideológica que se opone a la sostenibilidad a largo plazo”.
“Esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política de desmantelamiento del Estado y de un modelo extractivista que pone en riesgo la salud de millones de personas”, afirmó en este sentido la diputada Estévez.
Puntos clave del pedido de informes:
Riesgo sanitario y ambiental: El complejo minero, que operó entre 1982 y 1989, acumula pasivos ambientales con residuos radiactivos y químicos, como uranio, radio y arsénico, que pueden migrar hacia los cursos de agua que alimentan el dique San Roque.
Afectación a la salud humana: La exposición a estos contaminantes a través del agua potable puede causar graves daños a la salud, incluyendo enfermedades renales y distintos tipos de cáncer. Los efectos de la contaminación ya se observan en la flora y fauna local, con reportes de mortandad de peces y ganado.
Desfinanciamiento y desidia estatal: El proyecto de resolución señala que el desmantelamiento de organismos como la CNEA, sumado a una política que privilegia a las grandes empresas mineras, agrava el riesgo en el sitio. Se denuncia que la CNEA ha postergado la remediación del lugar a pesar de contar con el financiamiento necesario.
Amenaza del RIGI y la política extractivista: La presentación vincula la situación de la mina Los Gigantes con la política del actual gobierno, que a través de medidas como la eliminación de retenciones a la minería y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promueve un modelo que pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales y la protección ambiental.
Rechazo al traslado de residuos nucleares
El pedido de informes también destaca el rechazo generalizado de municipios, vecinos y organizaciones ambientalistas a la propuesta de la CNEA de trasladar 57.000 toneladas de residuos nucleares desde la planta Dioxitek de Alta Córdoba hacia el predio de Los Gigantes.
El proyecto de resolución insta al Gobierno a que, en el marco de su responsabilidad, brinde una respuesta clara y urgente sobre las medidas de contención, el plan de remediación del sitio y garantice la transparencia en la información, en cumplimiento de la Ley 25.831 de libre acceso a la información pública ambiental y el Acuerdo de Escazú.
Fuente: La Nueva Mañana
