“Le importó más mi currículum que mi prontuario”, dijo a principíos de siglo el exintendente porteño Carlos Grosso cuando el presidente interino Adolfo Rodríguez Saa lo convocó para integrar su efímero gobierno de transición. Algo así sucede en tiempos de los Milei Brothers con el juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello.
El magistrado, conocido por el fallo que prohibe la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acumula ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por acoso sexual contra sus empleadas.
Las acusaciones, que Maraniello niega rotundamente calificándolas de “falacias”, llevaron a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar una consigna policial permanente en su juzgado para “resguardar” al personal. Esta medida, dispuesta en septiembre de 2024, subraya la seriedad de la situación.
El caso está siendo evaluado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por el abogado César Grau. A diferencia de la Comisión de Acusación, que puede promover un juicio político, esta instancia debate sanciones menos severas, como la suspensión o el descuento de sueldo.
Maraniello fue notificado de los cargos el 19 de agosto y tiene un plazo de 20 días para presentar su defensa, designar abogado y ofrecer pruebas. Los expedientes, de carácter reservado y sin acceso público, detallan múltiples cargos, entre ellos presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.
Entre los expedientes más impactantes se destaca el testimonio de una empleada que relató haber sido hostigada a menos de una semana de comenzar a trabajar en el juzgado. Por temor a perder su empleo, la mujer aceptó salir con el juez. Según su denuncia, en esa ocasión fue víctima de tocamientos y besos no consentidos, y se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
Otra agente de su juzgado declaró haber recibido mensajes inapropiados por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y miradas indebidas. La víctima sostuvo que estos episodios continuaron con acercamientos físicos forzados y comentarios descalificadores, lo que la llevó a medicarse y tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. Si bien la mujer no quiso iniciar una acción penal, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podría haber delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, por lo que el caso quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
El sindicato Aefpjn denunció la vulnerabilidad de una de las empleadas, quien es hija de un camionero (situación que el juez le habría reprochado), trabajadora interina y primera generación universitaria en su familia. El gremio señaló que cada vez más personas que han trabajado con Maraniello se animan a denunciar casos de abuso en distintos momentos y por situaciones diferentes.
Fuente: Infonews
