Con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó este jueves el Decreto 351/2025, una norma que disponía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
El decreto, ahora derogado, se enmarcaba en la Ley de Bases y Puntos de Partida y buscaba, según los considerandos del texto oficial, “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal” y “disminuir el déficit”. La votación resultó con 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.
En ese marco, desde Abuelas de Plaza de Mayo, celebraron el rechazo parlamentario al desguase del organismo: “Queremos destacar la responsabilidad histórica de los senadores y senadoras de la Nación que pusieron un freno al abuso de poder del Ejecutivo”, indicaron.
“El Banco Nacional de Datos Genéticos no se toca. La búsqueda de los nietos tampoco”, enfatizó la organización de derechos humanos.
Los puntos clave del DNU derogado
Pérdida de autarquía: La principal modificación era la transformación del BNDG de un organismo descentralizado a uno desconcentrado, pasando a depender directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Argumento del Gobierno: El Poder Ejecutivo argumentó que la medida buscaba “fortalecer la capacidad de gestión y simplificar la organización estatal”, además de “reducir el gasto público” sin afectar las competencias del organismo.
Cambios en la conducción: El decreto también modificaba la estructura de dirección del Banco, eliminando el cargo de Subdirector Administrativo y dejando la conducción en manos de un Director General Técnico y un Subdirector Técnico, ambos designados por el Poder Ejecutivo a través de un concurso público.
Transferencia de recursos: Se disponía que los créditos presupuestarios y los recursos financieros del BNDG se consideraran transferidos a la Jefatura de Gabinete.
El rechazo de este DNU por parte de la Cámara de Diputados fue celebrado por organismos de derechos humanos, que veían en la medida un intento de quitarle independencia y control a una institución fundamental para la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.
Fuente: La Nueva Mañana
