El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, presentará el paquete de ley que pretende regular el contenido en las grandes plataformas digitales, además de proteger los derechos de influencers y otras figuras públicas. La iniciativa busca obligar a las empresas tecnológicas a ser más transparentes con los creadores de contenido y evitar el uso indebido de imágenes para estafas o difusión de información falsa.
El proyecto llamado “Big Tech Bill”,que incluye dos leyes complementarias, iba a ser presentado en los primeros días de agosto, pero por complicaciones en la agenda propia del presidente se resolvió que fuera enviado en el transcurso del mes. Se cree que entraría en el Parlamento brasilero en la semana próxima.
El primer proyecto, el cual fue impulsado por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Comunicación Social (Secom), buscará regular estrictamente el contenido que se difunde. Mientras tanto, el segundo fue propuesto por el Ministerio de Finanzas, el cual legislará desde un carácter económico, buscando frenar las prácticas de competencia desleal de las plataformas grandes, especialmente los gigantes de Silicon Valley, como Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft.
El envío de las leyes fue pospuesto por cuestiones de agenda y se espera que se discuta con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Otro proyecto que aún está en debate y que “Lula” quiere que se apruebe antes del proyecto Big Tech, es la Ley de Adultización, la cual busca proteger a niños, niñas y adolescentes de la ciberdelincuencia.
Seguridad y sanciones económicas: cómo aplicarán
El proyecto en su conjunto busca priorizar la seguridad y protección de los usuarios, incluyendo medidas contra estafas, fraudes, incitación a la violencia y delitos contra menores.
1. Seguridad para los usuarios y control sobre las plataformas
En materia de seguridad (el proyecto del Ministerio de Justicia), las plataformas deberán reportar periódicamente las acciones implementadas para frenar publicaciones ilícitas y estarán bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), que podrá suspender temporalmente servicios que incumplan las normas, incluso sin orden judicial, aplicando un esquema gradual de advertencias, multas y bloqueos.
El proyecto de regulación de contenidos se centra fundamentalmente en plataformas digitales con más de tres millones de usuarios, mientras que, explicaron desde el entorno de Lula, las redes más pequeñas deberán crear canales de comunicación con su público, aunque con normas menos estrictas.
“Es deber de los proveedores de servicios digitales, sin perjuicio de otras obligaciones establecidas por la ley, garantizar al usuario directamente afectado: a) el conocimiento de las acciones tomadas en relación con la cuenta o el contenido respectivo; b) la posibilidad de impugnar las decisiones tomadas; c) en relación con la impugnación a que se refiere el apartado “b”, la recepción de una respuesta motivada en un plazo razonable y la notificación de la decisión final adoptada”. Estos tres puntos obligan a las plataformas a adoptar medidas para frenar la difusión de contenido ilegal o fraudes que utilicen la identidad de figuras públicas.
2. Sanciones económicas contra las plataformas
Por otro lado, el proyecto del Ministerio de Finanzas pretenderá frenar prácticas anticompetitivas de las grandes tecnológicas con represalias económicas, con el objetivo de proteger a empresas más pequeñas y garantizar precios más justos para los consumidores. Dentro de las ilegalidades entrarían delitos como la falta de transparencia en motores de búsqueda, tarifas abusivas en tiendas de aplicaciones y ventas atadas de servicios.
Fuente: El Destape
