Tras las imputaciones por el femicidio de Milagros Bastos, la Policía lanzó un operativo para dar con el paradero de Jorge Grasso, acusado de encubrimiento agravado. El hombre es el hermano del principal acusado del crimen de Milagros Basto y el dueño del departamento, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, en donde fue hallado el cuepo de la mujer asesinada. En la vivienda cumplía prisión domiciliaria Horacio, un ex oficial condenado por el asesinato de un niño.
Tras las imputaciones por el femicidio de Milagros Bastos, la Policía lanzó un operativo para dar con el paradero de Jorge Grasso, acusado de encubrimiento agravado. El hombre es el hermano del principal acusado del crimen de Milagros Basto y el dueño del departamento, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, en donde fue hallado el cuepo de la mujer asesinada. En la vivienda cumplía prisión domiciliaria Horacio, un ex oficial condenado por el asesinato de un niño.
Tras la identificación de la víctima, el fiscal José Bringas ordenó la detención del propietario del inmueble, pero Jorge logró evadir a la Justicia. Mientras tanto, Horacio permanece en la cárcel de Bouwer, imputado por homicidio en violencia de género.
La Policía expandió la búsqueda a otras provincias y también adviritó la posibilidad de que el acusado intente cruzar la frontera nacional. La orden de captura fue girada a todas las instancias policiales, incluida la Dirección Nacional de Migraciones. También activaron una alerta roja de Interpol. Anteriormente, Jorge fue detenido en Uruguay por robo. En esa ocasión simuló un cambio de género para evadir a las autoridades.
Milagros Basto perdió el contacto con su familia en agosto del años pasado y su causa se visibilizó en marchas que realizaron sus allegados. El viernes 14 el análisis forence corroboró la coincidencia del ADN y la Justicia ordenó la imputación de los hermanos Grasso. La mamá de la víctima cuestionó el régimen domiciliario que el Poder Judicial le orotgó al principal acusado y señaló los reiterados incumplimientos.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi expresó que la familia se constituyó como querellante. La joven de 22 años, estaba en una situación de estrema vulnerabilidad. El defendor indió que no se tomaron en cuenta “las 190 señales de alerta”.
Fuente: La Nueva Mañana
