Según un informe oficial, las consultas ambulatorias aumentaron un 134 por ciento y las internaciones un 77 por ciento. La subsecretaria bonaerense del área, Julieta Calmels, explica que el sistema público enfrenta una presión inédita.
“El impacto de las políticas nacionales de ajuste tienen una relación directa con el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas. Esos sufrimientos impactan en la esfera de la salud mental generando síntomas que no provienen necesariamente de aspectos psicopatológicos, sino de determinantes sociales.” Ésas fueron las palabras que usó la subsecretaria bonaerense del área, Julieta Calmels, en la Cámara de Diputados de la Nación, durante el “Encuentro Federal por la crisis en salud mental”. La discusión reunió a autoridades sanitarias de 14 provincias, académicos, legisladores y organizaciones sociales. El consenso fue aterradoramente claro en que la demanda de atención, tanto ambulatoria como de internación, no cesa de crecer desde 2019.
Desde el inicio de 2024, el sistema público de salud vive una presión sostenida. En 44 hospitales de Buenos Aires se observó un aumento promedio del 12 por ciento en consultas por guardia en el primer semestre, con casos extremos que alcanzaron un 64,5 por ciento en la Región Sanitaria III, según los datos oficiales brindados por el gobierno bonaerense. Esta sobredemanda incluso se extendió al sector privado que alcanza a personas con obra social o prepaga, quienes se ven obligadas a acudir al sistema público ante el deterioro del primero.
La situación sanitaria bonaerense pone en cifras lo que llaman “el desastre”. Entre 2023 y el primer semestre de 2025, se registró un crecimiento del 134 por ciento en consultas ambulatorias y del 77 por ciento en internaciones por salud mental. Los niños y adolescentes se encuentran en el epicentro, debido a que las internaciones menores de 18 años se duplicaron en cinco años, pasando de 3.286 en 2019 a 7.103 en 2024; solo en el primer semestre de 2025 ya se sumaron 1.829. El agravamiento social -pobreza, desempleo, falta de vivienda, violencia- se traduce directamente en más cuadros clínicos graves, con dificultades crecientes para otorgar egresos hospitalarios a falta de redes comunitarias o laborales, de acuerdo a lo explicado por Calmels en diálogo con Buenos Aires/12.
La crisis se torna tangible con más de 200.000 personas que abandonaron la medicina prepaga por los costos prohibitivos. El PAMI redujo su cobertura farmacológica drásticamente, del 100 por ciento a entre el 40 por ciento y 80 por ciento, lo que se tradujo en una caída del 11 por ciento al 23 por ciento en la venta de psicofármacos, según datos del Colegio de Farmacéuticos bonaerense. Programas clave como Remediar Salud Mental fueron recortados hasta un 75 por ciento en algunas jurisdicciones y la DADSE interrumpió la entrega de medicación, convirtiéndose en retiros que golpean a quienes necesitan acompañamiento médico continuo.
Los participantes de los programas denunciaron el deterioro moral y simbólico de la salud pública: violencia cotidiana, desmoralización social, falta de horizonte vital. Esto es particularmente grave entre los jóvenes, que afrontan una real degradación de sus expectativas por la crisis en educación pública, desempleo y acceso a la vivienda, según informaron desde la Provincia. Además, se evidencia un aumento alarmante de autolesiones, intentos de suicidio, maltrato y judicialización de menores.
Frente a esta emergencia, Calmels mencionó que los avances provinciales se presentan como un oasis vigilado. Desde 2019, se incorporaron 2.445 nuevos trabajadores en salud mental (un aumento del 37,5 por ciento), se expandieron en un 68,9 por ciento las camas de internación en hospitales generales y se construyeron 37 centros de salud mental y tres residencias para consumos problemáticos. Los dispositivos comunitarios crecieron con 53 nuevas casas de externación y, bajo alquiler, más de 200 espacios de convivencia asistida.
La población juvenil recibió atención con programas integrales que combinan educación, prevención del suicidio, abordaje de adicciones tecnológicas y ludopatías, con fortalecimiento de internaciones seguras para jóvenes vulnerables. El encuentro exigió consolidar dispositivos como las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM), mantener reformas edilicias y reforzar el modelo de atención territorial y federal.
Calmels enfatizó además la crisis en dispositivos federales. “La suspensión del Consejo Federal de Salud Mental impidió la coordinación nacional, obligando a las provincias a crear espacios interjurisdiccionales”. “Aun así, logramos presentar un informe en el Congreso sobre la grave situación con un incremento del 77 por ciento internaciones y del 134 por ciento en consultas ambulatorias desde 2019, datos producto de un monitoreo compartido”, profundizó.
Como respuesta, se definieron prioridades como hacer mayor hincapié en el cambio de modelo; construir espacios de escucha sin demoras; articular mejor la internación, atención ambulatoria y el acompañamiento comunitario; sostener y expandir recursos humanos, insumos y medicamentos; y propiciar una apertura del sistema hacia la comunidad, de acuerdo a lo argumentado por la subsecretaria.
“El desafío para este año es histórico”, afirmó Calmels. Dijo que busca evitar que un sistema intensamente demandado se retraiga sobre sí mismo cuando enfrenta entre un 12 por ciento y 20 por ciento más de carga. La apuesta bonaerense propone una estrategia expandida, centrada en el cuidado y en el fortalecimiento de los equipos que deben sostener la salud pública.
Calmels recordó: “Nuestro plan provincial no abandonó el Plan Quinquenal de Salud, lo profundizamos”. La agenda incluye encuentros territoriales, formación permanente y la construcción de un sistema de cuidados solidario, gestado desde la crisis. “Este modelo provincial expone el abandono del Estado nacional, pero también representa una resistencia activa en defensa de la salud mental colectiva”, completó.
Fuente: Pagina 12
