Mientras algunos celebran ser “campeones” de la especulación financiera y las operaciones de mercado, otros, la mayoría silenciosa del país, lucha día a día para llegar a fin de mes. La Argentina profunda, la que no cotiza en la bolsa, está siendo desmantelada pieza por pieza, organismo por organismo.
Más de 100 instituciones públicas nacionales han sido cerradas o reconvertidas desde la asunción del actual gobierno. Entre ellas, organismos clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional del Cáncer, el INADI, las delegaciones sanitarias federales, el INTA y los programas de fomento a la agricultura familiar, las semillas, la vitivinicultura y las bibliotecas populares. El cierre no solo es administrativo: es simbólico, social y profundamente político.
A este desguace del Estado se suma un ajuste fiscal que se presenta como mérito de gestión, cuando en realidad es una redistribución regresiva del esfuerzo nacional. Las provincias han perdido más de 10 billones de pesos solo en 2024. La eliminación del fondo compensador del transporte interior, los recortes del 85% en programas de primera infancia, el 75% en comedores comunitarios y el congelamiento de becas como Progresar o Conectar Igualdad dejan al descubierto una verdad incómoda: no es la casta la que paga el ajuste, somos todos.
Lo grave no es solo el ajuste en sí, sino cómo se implementa: sin diálogo, sin federalismo, sin democracia real. El DNU 70/2023 y la reciente Ley Bases profundizan la centralización y dejan a las provincias en el abandono, sin recursos ni herramientas para sostener servicios esenciales ni infraestructura pública.
Desde localidades como La Carlota hasta Río Cuarto, pasando por cooperativas, intendencias y barrios, se siente la ausencia del Estado nacional. Se siente en las rutas destruidas, en los hospitales con obras paralizadas, en la falta de alimentos en comedores, en las aulas desconectadas y en los miles de argentinos que hoy ya no acceden a políticas públicas mínimas.
Y sin embargo, aún hay lugar para la resistencia. Hoy, en Río Cuarto, en el marco del Día Internacional de las Cooperativas, compartimos espacios de encuentro con referentes sociales y políticos que no se resignan. Que no se rinden ante el avance de un modelo que prioriza el superávit por sobre las personas.
La democracia también está en peligro. A la crisis social se suma un fenómeno preocupante: la caída de la participación electoral. Vimos señales en Santa Fe, en CABA, y se verá qué pasa en Buenos Aires el 19 de septiembre. El desafío que enfrentamos como militancia y como ciudadanía es evitar que la decepción se transforme en resignación, y que la bronca se exprese en apatía.
El gobierno prometió cortar el gasto de la casta. En los hechos, lo único que cortaron fue el hilo por lo más delgado. No tocaron impuestos distorsivos, no bajaron tributos que afectan al combustible o a las patentes que deberían financiar vialidad, pero sí desmantelan Vialidad Nacional. La incoherencia es evidente.
Octubre será un punto de inflexión. Es nuestra oportunidad para decir basta, para frenar el atropello y recuperar un proyecto colectivo. Desde el Partido Solidario en Córdoba, nos proponemos construir la alianza más fuerte posible para dar batalla política y legislativa. Porque no se trata solo de resistir, sino de ofrecer alternativas.
El federalismo no es una palabra vacía. Está en la Constitución, está en nuestra historia y debe estar en nuestro futuro. Hoy más que nunca, la democracia y el federalismo necesitan defensa activa, militante y con esperanza.
Por Pablo Tissera
