Diputados de distintos bloques opositores redoblaron la presión sobre el Congreso Nacional para que intervenga con urgencia ante lo que definen como un nuevo capítulo de la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei, en tándem con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.
El proyecto para anular el decreto fue impulsado por legisladores de Unión por la Patria (UxP), quienes alertan sobre el grave retroceso institucional que implica esta medida, incompatible —según afirman— con los principios del Estado de derecho. “Este decreto otorga facultades a la Policía propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático”, advirtió la diputada Mónica Macha, quien denunció que la norma permite requisas sin orden judicial ni sospecha de delito, configurando “una carta de impunidad muy fuerte”.
Macha vinculó el contenido y el momento de la publicación del decreto con la movilización en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad. “Es coherente en la lógica del Gobierno que esto se publique el mismo día de la manifestación en Plaza de Mayo”, afirmó, y recordó que varios manifestantes fueron demorados por la Policía Federal. “Estas prácticas nos remiten a los peores recuerdos de la dictadura”, advirtió.
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La diputada también destacó que el rechazo al decreto no se limita a su bloque: “Este atropello generó ruido en varios espacios parlamentarios, lo que abre la posibilidad de articular una respuesta legislativa más amplia”. Para Macha, se trata de “otro ataque a la democracia en un contexto de creciente debilitamiento institucional”.
Desde otros sectores, también se alzaron voces críticas. El diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, confirmó que su espacio presentó un proyecto de derogación y alertó: “Está en juego la vigencia del sistema democrático”. Carbajal aseguró que el Gobierno está avanzando hacia la construcción de un “Estado policial” y señaló que el decreto contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.
Además de impulsar la vía legislativa, el bloque de Carbajal también elevó un reclamo a instancias internacionales, dada la preocupación que genera el impacto del decreto en el sistema de garantías constitucionales.
Qué establece el decreto 383/2025
La norma firmada por Milei, Francos y Bullrich reformula las funciones de la Policía Federal, redefiniéndola como una fuerza de prevención e inteligencia criminal orientada a delitos federales y complejos. Entre otros puntos polémicos, permite el ciberpatrullaje en redes sociales sin autorización judicial, autoriza requisas personales y vehiculares sin orden judicial, y formaliza tareas de inteligencia en el marco de políticas del Ministerio de Seguridad. También propone cambios en el sistema de formación de agentes, incorporando perfiles universitarios y adoptando “estándares del FBI”, según detalla el texto oficial.
Frente a este escenario, la oposición busca acelerar el tratamiento del proyecto de nulidad, con el objetivo de contener lo que consideran un avance autoritario sin precedentes desde el retorno de la democracia. “Podemos tener diferencias en muchos temas, pero coincidimos en defender la democracia”, concluyó Macha, confiada en que el Congreso podrá revertir la medida.
Fuente: Primereando Las Noticias
