Compañeras y compañeros, hoy nuestro país atraviesa tiempos oscuros, en que el Poder Ejecutivo Nacional sistemáticamente vulnera derechos de los sectores populares, reprimiendo todo tipo de movilización popular, desfinanciando la educación y la salud pública, limitando el derecho a huelga, restringiendo la protesta social, junto a un sinnúmero de medidas contra el pueblo argentino. Azorados, mas no sorprendidos, observamos cómo desde otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, a través de su máximo órgano, La Corte Suprema de Justicia, en tan solo 42 días (existiendo miles de causas que hace años esperan tratamiento y resolución) hace lugar a un proceso judicial totalmente inconstitucional y en contra de uno de los derechos humanos fundamentales que es el de acceder a un debido proceso judicial.
Lo resuelto por La Corte Suprema días atrás, tiene el agravante de dejar sin posibilidad de que millones de argentinos y argentinas puedan elegir electoralmente a quien consideran su referente político, y lo más grave aún, es que dicha pronunciación , tiene que ver con una exigencia de los poderes de facto, fundamentalmente del poder económico concentrado que, en definitiva, son quienes hoy con sus presiones a los tres poderes del Estado, obtienen medidas antipopulares y contrarias a los intereses del pueblo argentino.
La medida de la Corte debe interpretarse como un acto de disciplinamiento ejemplificador para el resto de la dirigencia, sea esta política, social, gremial y de todos aquellos que pretendamos poner límites a esta avanzada de los sectores de derecha, que ya gobernaron el país en múltiples ocasiones con el mismo saldo: sumergir en la pobreza al pueblo trabajador, recorte de conquistas y entrega de nuestra soberanía y recursos naturales a precio vil.
Como lucifuercistas tenemos el deber y la obligación de sumar nuestro repudio a las miles de voces que ya expresaron su rechazo frente a semejante atentado a la democracia y las garantías constitucionales. Por el contrario, no debemos quedarnos de brazos cruzados frente a lo ocurrido, es nuestra obligación honrar la memoria de quienes nos precedieron en la historia, de trabajar por la unidad del campo popular y desde allí trabajar en el fortalecimiento de la democracia que por estos días viene siendo debilitada de una manera sin precedentes desde el 1983 a la fecha.
Por eso, estamos trabajando de manera articulada con otras organizaciones del campo popular para llamar a una gran movilización en repudio a esta medida proscriptiva y antidemocrática.
Jorge Molina Herrera Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba