El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó este lunes que el Poder Ejecutivo vetará cualquier ley que se apruebe esta semana en el Congreso respecto a los anunciados proyectos de reforma previsional para mejorar la calidad de vida de jubiladas y jubilados y sobre la declaración de emergencia en discapacidad, cuyos pacientes, familias y trabajadores del sector enfrentan una alarmante crisis.
El Gobierno “va a vetar” esos proyectos porque “no están los recursos” para afrontar esos nuevos gastos, sostuvo Francos.
Consultado en Radio Rivadavia al respecto, Francos planteó que “el tema es ¿de dónde van a salir los recursos?”. Sin embargo, el Gobierno nacional no escatima en el destino de recursos a la ahora de incrementar las partidas presupuestarias en Inteligencia. En lo que va del año, ya se destinó casi 30 mil millones para la SIDE, de los cuales 8 mil millones son para gastos reservados, en medio de denuncias por espionaje y persecución a periodistas y opositores, en el marco de su nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Eso podría responder a la pregunta retórica del jefe de Gabinete.
“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, adelantó el funcionario.
El jefe de Gabinete consideró que antes de hablar de jubilaciones es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”.
Pese a ello aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, porque llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y agregó que además será necesaria también “una reforma tributaria”.
De hecho, recientemente, una de las compañías más relevantes del sector energético privado argentino, el Grupo Albanesi, dejó de pagar una obligación clave, se declaró en default y adelantó que no efectuaría el pago de intereses por USD 19,5 millones, correspondiente a bonos con vencimiento el 5 de mayo de 2025. La decisión de la empresa afecta directamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Anses, principal acreedor de ese bono emitido bajo ley internacional por USD 350 millones. El pasivo total del grupo supera los USD 1.000 millones.
Sin ir más lejos, el propio ministro de Economía Luis Caputo fue acusado de utilizar dinero del FGS para mantener el dólar pisado.
