El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo y habilitó la posibilidad de redefinir el destino y la cantidad de los fondos asignados para las escuelas públicas de las provincias. La medida implica un recorte en el sistema educativo nacional y podría incidir en las relaciones fiscales con las jurisdicciones. Además, establece un cambio en la paritaria docente y deja afuera al Ministerio de Capital Humano. Desde ahora, las provincias y el Consejo Federal de Educación se reunirán con los gremios para la negocación salarial.
Según lo dispuesto en el Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se introducen modificaciones al artículo 9 de la normativa vigente, habilitando a la Secretaría de Educación de la Nación a establecer un mecanismo de “reasignación” de fondos en caso de que alguna provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumplan con los requisitos necesarios para su utilización.
La norma establece que el Gobierno reducirá los fondos para las jurisdicciones que no presenten los proyectos educativos requeridos o incumplan los criterios establecidos para el uso de los recursos. El control sobre los colegios estará a cargo del Ministerio de Capital Humano.
Respecto a la modificación en la negociación salarial, el Ejecutivo nacional se borra de la paritaria y deja en manos de las provincias los acuerdos y las condiciones laborales de los docentes. Sin embargo, advierte que los aumentos no deben superar el 1%.
Durante años, el Estado Nacional participó en negociaciones docentes. Resabios de un país menos federal, porque las negociaciones son ¡para definir condiciones laborales de empleados provinciales! ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional en esa discusión?
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 21, 2025
Con el Decreto… pic.twitter.com/kFJrKiFy1E
La Ley 26.075, sancionada en 2005, establece metas de inversión progresiva en educación por parte del Estado nacional y las provincias, y fija un piso del 6% del PBI destinado al sector. La modificación ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno central y los gobernadores por los recursos coparticipables, y en medio de un ajuste del gasto público promovido por la administración de Javier Milei.
Fuente: La Nueva Mañana
