Es el mensaje que recibió el cocinero filipino del buque donde se hallo media tonelada de cocaína. Declaró que se lo dijeron al contactarlo para subir la droga, para convencerlo de que no había riesgos. Señalan que las desregulaciones del Gobierno favorecen el trafico.
El hallazgo de 470 kilos de cocaína en el puerto operado por el Grupo Vicentin, en la localidad santafesina de San Lorenzo, no fue producto de una investigación de inteligencia ni de un operativo de control estatal, sino del olfato del capitán de un buque que notó algo fuera de lugar en una cámara frigorífica. Ese hallazgo fortuito destapó una red de tráfico que, según declaraciones judiciales, opera con frecuencia y sin obstáculos en la zona portuaria. ¿La razón? Las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional, que han debilitado la capacidad de control sobre lo que entra y sale de los puertos.
El cocinero filipino del buque MV Ceci, convertido en imputado colaborador, declaró bajo juramento que fue contactado por una organización que opera habitualmente en San Lorenzo. “Hacemos esto dos o tres veces por mes”, le aseguraron sus interlocutores para convencerlo de que no había riesgos. “Relax”, fue la palabra que más le repitieron. La tranquilidad que transmite la frase no habla solo de la impunidad con la que se mueve el narcotráfico en los puertos, sino de la confianza en un sistema de control desmantelado.
Uno de los cambios clave que favoreció esta situación es el Decreto 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques, trabajadores cuya función es justamente custodiar y supervisar las provisiones, la tripulación y todo lo que ingresa a una embarcación. Hoy esa contratación quedó a criterio de las navieras, y como era previsible, la mayoría ha optado por prescindir de ellos.
“La función del sereno es clave: controla cada cosa que entra al barco, desde comida hasta repuestos o insumos técnicos. Si hubiera habido uno en el MV Ceci, la droga no subía”, denunció un representante del gremio de serenos, hoy casi desmantelado. Las cámaras de seguridad del puerto tampoco cubren el lado del río, por donde la organización introdujo la cocaína desde una lancha en plena madrugada.
Lejos de ser un episodio aislado, el caso Vicentin confirma que los puertos del Gran Rosario se han transformado en plataformas logísticas del narcotráfico internacional, gracias a la desprotección generada por el retiro del Estado. La presencia de bultos con cocaína marcados con coronas —símbolos habituales del narcotráfico— y protegidos con envoltorios impermeables y rastreadores satelitales sugiere una operación de contrabando a gran escala, con recursos y conocimiento técnico.
Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. No solo la resolución en torno a la no obligatoriedad de contratar serenos, también se suma la reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresas sobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.
Vicentin un puerto de aguas muy turbias
El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.
El Gobierno sostiene que estos recortes son parte de su política de “eficiencia y equilibrio fiscal”. Sin embargo, el ahorro logrado al eliminar controles como los serenos resulta insignificante comparado con los riesgos que genera: debilitamiento de la soberanía, complicidad indirecta con el crimen organizado y pérdida de reputación internacional en los circuitos comerciales.
El escándalo deja en evidencia una contradicción central del discurso oficial: mientras se promete “orden” y “lucha contra el narcotráfico”, se eliminan los mecanismos más básicos de control. Si el Estado se retira, otros ocupan su lugar —y en los puertos argentinos, esos otros son el narco y las redes del contrabando global.
Fuente: Primereando Las Noticias
