El 13,5 por ciento del haber jubilatorio mínimo se gasta en servicios públicos, en mayo de 2025, mientras ese porcentaje llegaba a 6,18 en diciembre de 2023, según muestra un informe privado. Los jubilados están en situación de “pobreza energética” aún en los términos del propio Gobierno, que no toma medidas para aliviar esa carga.
Las facturas de los servicios públicos esenciales aumentaron notablemente en lo que va del Gobierno de Javier Milei: las subas se concentraron en la primera mitad de 2024, mientras que se moderaron en la segunda mitad con un Gobierno preocupado por el impacto inflacionario. Aún así, esos aumentos quedaron muy por encima de la suba de los ingresos; y en especial en el caso de las jubilaciones mínimas, que fueron parte central del ajuste fiscal “más grande en la historia de la humanidad”.
De acuerdo a un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) en mayo los servicios públicos de luz, agua y gas representaron el 13,5 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Los servicios más que duplicaron su participación en el ingreso de los jubilados que cobran la mínima desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, producto de la quita de subsidios y la revisión tarifaria que ejercieron durante 2024. La importancia de los aumentos de los servicios es tal que llevó a discutir por la propia elaboración del índice de precios con que el Indec mide la inflación, el cual subestima el costo de los servicios.
Ese 13,5 por ciento es significativo además en los propios términos del Gobierno. Según manifiesta el informe de Deuco, en el Decreto 465/2024 –que establece un período de transición hacia subsidios energéticos focalizados, basados en una “canasta básica energética”, que no logró aún ponerse en práctica- se pauta que cuando el gasto en servicios públicos supera el 10 por ciento del ingreso se estima que hay “pobreza energética”. Se establece la vulnerabilidad del usuario en estos casos, de modo que casi 5 millones de usuarios jubilados se encuentran hoy en esa situación, pero no reciben asistencia estatal.
Los cálculos del informe mencionado consideran los usuarios del nivel 2 (es decir de menores ingresos) y consumos mínimos de energía eléctrica, gas natural y la factura mínima de AySA para los usuarios de los zonales bajos. El valor de la factura de luz en este caso, y sin impuestos, es de 12.262,20 pesos en mayo de 2025 versus 1.227,52 pesos en diciembre de 2023: es decir un aumento del 898,8 por ciento.
Para el caso del gas, la factura de mayo llega a 7.055,92 pesos contra 1.488,31 pesos en diciembre de 2023. Es decir una suba de 374,08 por ciento. Mientras que la factura mínima para aguas y cloacas pasó a 16.732 pesos versus 3.816 pesos en diciembre de 2023: una suba del 338,46 por ciento.
Deterioro
El universo de adultos mayores que cobran el haber mínimo jubilatorio se estima en 5 millones de personas. Es decir que el Estado tendría que otorgar subsidios a esa cantidad, dado que son considerados vulnerables. E inclusive esa cantidad podría aumentar, dado que en el Decreto 465/24 se explica que el porcentaje de los costos energéticos sobre los ingresos totales considerados para ser vulnerable podría bajarse y “ajustarse progresivamente a las necesidades del contexto nacional y al nivel de ingresos del hogar”.
Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el haber jubilatorio mínimo tuvo un incremento del 180,46 por ciento, según calculó Deuco. En diciembre de 2023 fue de 105.712,61 pesos y en mayo de 2025 es de 296.481,74 pesos. En tanto que la suma de las tarifas de los servicios públicos tuvieron un incremento del 513,15 por ciento, según estimó la entidad en base a los consumos mínimos. De ese modo el peso de los servicios sobre el haber mínimo aumentó.
La calidad de vida de los jubilados empeoró porque ahora tienen menos ingresos disponibles para costear otros gastos. Esa situación es común a otros estratos de la sociedad –que también vieron cómo los servicios públicos les comieron una mayor parte de sus ingresos-, pero viniendo de un grupo social vulnerable sucede que el resto disponible del haber mínimo jubilatorio apenas si alcanza para cubrir necesidades básicas.
En mayo, el haber mínimo restante tras deducir los servicios es de 256.456,71 pesos mientras la canasta básica total (que releva Indec) para un adulto equivalente de entre 61 y 75 años fue de 295.541 pesos en marzo. Si bien no son dos períodos comparables, quiere decir que en mayo los adultos mayores no pudieron comprar ni siquiera la canasta básica de marzo.
Fuente: Pagina 12
