El Gobierno Nacional oficializó la decisión de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en casos de flagrancia en zonas fronterizas, profundizando la militarización interna bajo el enfoque de securitización impulsado por el Comando Sur de Estados Unidos en la región.
La medida fue anunciada y defendida públicamente por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien calificó de “controversial” la decisión y la enfrentó tildando de “defensores de narcos y terroristas” a quienes la critican.
La autorización para que el Ejército y la Armada participen en tareas de control y detención transitoria de civiles en flagrancia fue incluida dentro del denominado “Operativo Roca”, que refuerza la vigilancia en la frontera norte del país, en conjunto con Gendarmería Nacional. El operativo, oficializado el pasado 15 de abril mediante el Decreto 1112/2024 y respaldado por la Ley de Defensa Nacional, contempla además un despliegue flexible y la capacitación de los efectivos bajo nuevas “Reglas de Empeñamiento”.
Aunque el Gobierno intenta acotar el uso de la fuerza, prohibiendo, por ejemplo, disparar contra sospechosos en fuga, el trasfondo es preocupante: Argentina repite una estrategia ya aplicada —y fracasada— en países como México, Colombia y Perú. En esos casos, la militarización de las fronteras terminó agravando la violencia, debilitando a las fuerzas armadas y alimentando al crimen organizado. Soldados con salarios de subsistencia fueron fácilmente cooptados por las redes narco-criminales, a las cuales terminaron suministrándoles armas, entrenamiento y apoyo logístico.
El contexto actual en Argentina no es diferente: los efectivos militares perciben sueldos que apenas les permiten la subsistencia, y las únicas voces de alarma provienen de sus familias, que denuncian públicamente la precarización de las condiciones en que se los expone. Todo indica que el país podría estar avanzando hacia el mismo callejón sin salida que recorrieron sus vecinos, sin aprender de sus tragedias recientes.
Mientras tanto, funcionarios como Petri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúan promoviendo estas políticas de militarización de claro tinte electoralista y bajo el argumento de “reforzar la presencia del Estado” en zonas críticas. Una estrategia que, en los hechos, arriesga no solo a los propios soldados, sino también la estabilidad y la paz social.
¿Combatiendo al narcotráfico?
A esta situación se suma una preocupante contradicción: mientras se militarizan las fronteras bajo el pretexto de combatir el delito, en el plano financiero y bancario se abren todas las puertas al lavado de activos. El último blanqueo de capitales mediante el cual el gobierno eliminó las bases de datos de las 300 mil cuentas de quienes accedieron al blanqueo y la conformación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) implementadas en épocas de Macri cuando Bullrich era ministra de seguridad —utilizadas, entre otros, por la banda criminal de “Los Monos” en Rosario para lavar dinero proveniente del narcotráfico— revelan un sistema que otorga facilidades al crimen organizado, debilitando cualquier discurso oficial sobre la seguridad.
Así, mientras se endurece la respuesta represiva en territorios pobres con fines electorales, el poder económico de las organizaciones criminales crece amparado por normas diseñadas para blanquear capitales de origen ilícito que se suma al relajamiento de los controles en la denominada Hidrovia. Argentina corre el riesgo de cometer los mismos errores que devastaron a sus vecinos, enfrentándose a una militarización ineficaz y a una expansión descontrolada de los negocios criminales.
Fuente: Primereando Las Noticias
