La compañía agroindustrial Vicentín cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos. Se trata de las instalaciones ubicadas en Avellaneda y Ricardone. Desde el Sindicato de Aceiteros calificaron la decisión de «lock out patronal» y detallaron que había materia prima para seguir funcionando.
En medio de versiones de todo tipo sobre su futuro, Vicentín cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos. Se trata de las instalaciones ubicadas en Avellaneda y Ricardone.
La empresa santafesina argumentó que tomó esta medida debido a la “falta de contratos de fazón, lo que dificultó el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
Por su parte Leandro Monzón, obrero de Vicentín Avellaneda y Secretario General del Sindicato Aceitero y Desmotador de Reconquista dijo que el gerente de Recursos Humanos le avisó que «lo único que seguirá funcionando es la caldera«, porque abastece de energía también a otras industrias que están dentro del Parque Industrial de Vicentín, como Buyanor y Friar; «y por ahora no dan más información».
En declaraciones al portal local Reconqusita Hoy, Monzón dijo que se enteró a la tarde cuando pararon Ricardone, y remarcó que esta es una decisión pura y exclusivamente de los directivos por lo que la calificó como un «lock out patronal», ya que en la planta industrial de Ricardone, aún queda girasol de la Unión Agrícola de Avellaneda como para seguir procesando.
Otro dato que aportó Monzón es que, cuando Bunge se enteró de la decisión de Vicentín, retiró el expeller de girasol que tenía en Vicentín y lo llevó a su dominio.
Fuentes del sector confiaron que la planta de Ricardone tiene girasol acopiado para poder trabajar, mientras que la de Avellaneda tiene contratos firmados. Por eso se entiende desde el sector gremial que es una avanzada para forzar alguna salida con la gente presionando en la calle, como se ha hecho en la historia argentina en numerosas oportunidades.
En relación a la incertidumbre sobre los puestos de trabajo y los atrasos salariales, Daniel Succi, secretario de Aciteros de San Lorenzo dijo: “El lunes deberían pagar los sueldos, por eso vamos a esperar hasta las 12 de la noche de ese día, y el martes veremos qué hacer».
El gremio hizo público un documento, firmado además por el secretario adjunto, Hugo López, y el secretario gremial, Martín Morales. “La situación es grave”, afirmaron, y aclararon que este adjetivo no les pertenece, “sino que ya ha sido mencionado por la empresa, por los veedores y por la sindicatura”.
En esa línea indicaron que mantuvieron conversaciones con el juez del concurso y con los veedores judiciales, además de haber presentado escritos “en representación de los trabajadores y como parte del comité de acreedores”. Además, confirmaron que “los salarios de febrero han sido abonados”, pero que todavía deben «esperar hasta el día martes para el cumplimiento del pago de los salarios de marzo”.
Por el momento, el sindicato aclaró que no tomarán medidas de fuerza “hasta que respecto a los trabajadores haya un incumplimiento”, y solicitaron que “todo el personal debe presentarse a trabajar”, especialmente “los compañeros que han sido convocados por la empresa”. Finalmente, remarcaron: “Lo único que nos interesa es el mantenimiento de la fuente de trabajo, el mantenimiento de todos los puestos laborales y el pago de los salarios”. Y concluyeron: «Como siempre lo hemos hecho, ante la primera muestra de incumplimiento por parte de la empresa hacia los trabajadores tomaremos las medidas gremiales correspondientes».
Cabe recordar que el lunes 31 de marzo, un tribunal ordenó la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de estafa y asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento de la histórica agroexportadora santafesina. De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían desviado casi 6.000 millones de pesos de la empresa entre 2019 y 2024 para gastos personales, además de autoasignarse retiros voluntarios por otros 2.000 millones. También se los acusa de utilizar fondos de la compañía para pagar honorarios legales y seguros de caución con el objetivo de evitar la cárcel.
Fuente: Motor Economico
