En un fallo de alto impacto institucional y social, el Tribunal Contencioso Administrativo de segunda nominación de la Ciudad de Córdoba resolvió recalificar la acción de amparo presentada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba contra el Poder Ejecutivo provincial en el marco de la causa caratulada “SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDOBA C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTRO – AMPARO LEY 4915”.
En su resolución del 25 de marzo de 2025, la Justicia determinó que la presentación realizada por el gremio debe tramitarse como una acción declarativa de inconstitucionalidad, elevando la causa al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para su tratamiento definitivo.
Un fallo clave en la defensa del servicio público
La decisión de la Justicia cordobesa reconoce la trascendencia del conflicto en torno a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y su posible privatización, al advertir que cualquier modificación en la estructura de la compañía impacta no solo en los trabajadores de la empresa sino también en la comunidad usuaria. En ese sentido, las juezas del Tribunal sostuvieron que “la solución que se propicia es la que mejor armoniza con la garantía constitucional y convencional de tutela judicial efectiva”, citando el artículo 18 de la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados en la reforma de 1994.
El tribunal enfatizó la importancia de garantizar el acceso a la justicia en una disputa que involucra intereses públicos fundamentales, al señalar que “en las circunstancias particulares del caso no puede soslayarse la trascendencia del servicio público de energía eléctrica y el impacto que cualquier modificación en su estructura puede generar”. Este reconocimiento refuerza el planteo de Luz y Fuerza, que denuncia que el intento de privatización de EPEC vulnera derechos laborales y atenta contra el carácter público de la prestación del servicio.
Un conflicto de alta relevancia institucional
Con la decisión de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia, la resolución del litigio queda en manos de la máxima instancia judicial de la provincia, lo que amplifica su impacto en el escenario político y sindical cordobés. Esta medida implica que el proceso deberá ser tratado en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad, mecanismo por el cual se busca que el Poder Judicial determine si la normativa impulsada por el Ejecutivo provincial para modificar el funcionamiento de EPEC se ajusta o no a los principios de la Constitución de Córdoba.
La privatización parcial o total de EPEC ha sido un eje de disputa entre el gobierno provincial y el gremio de Luz y Fuerza, que desde el inicio del conflicto ha sostenido que la maniobra responde a intereses privados en detrimento de la comunidad. El sindicato ha liderado múltiples protestas y acciones judiciales con el objetivo de frenar lo que considera un proceso de desguace de la empresa estatal, con potenciales consecuencias negativas para la estabilidad laboral de sus trabajadores y la calidad del servicio eléctrico en la provincia.
Exhortación al diálogo y la cooperación
Además de remitir la causa al Tribunal Superior, el fallo del Contencioso Administrativo exhortó a todas las partes involucradas —el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, EPEC y el Sindicato de Luz y Fuerza— a entablar “instancias de diálogo constructivo y cooperación mutua”. El objetivo de esta exhortación es generar un espacio de negociación que permita resolver las diferencias dentro de un marco de respeto institucional, garantizando la continuidad, calidad y accesibilidad del servicio eléctrico, al tiempo que se resguarden los derechos laborales de los trabajadores de EPEC.
Sin embargo, desde Luz y Fuerza han manifestado en reiteradas oportunidades su desconfianza respecto a la voluntad del gobierno provincial de sentarse a negociar de buena fe. Según declaraciones previas de sus dirigentes, el gremio sostiene que la administración provincial ha tomado medidas unilaterales sin contemplar la voz de los trabajadores ni de los sectores sociales afectados por el posible avance privatizador.
Un caso que marcará un precedente
La derivación del caso al Tribunal Superior de Justicia no solo marca un hito en la disputa por el futuro de EPEC, sino que también sienta un precedente en materia de derechos laborales y protección del servicio público en Córdoba. La decisión que tome el máximo tribunal provincial será clave para definir el rumbo de la empresa y determinar si el plan del Ejecutivo provincial se ajusta a la normativa constitucional.
Mientras tanto, el Sindicato de Luz y Fuerza continúa en estado de alerta y movilización, esperando que la Justicia provincial falle en favor de su reclamo. El desenlace de este conflicto no solo definirá el destino de la empresa energética cordobesa, sino que también impactará en el debate sobre el rol del Estado en la prestación de servicios esenciales y el respeto a los derechos de los trabajadores en un contexto de creciente avance de políticas privatizadoras en el país.
