Un informe de la organización Redes da Maré revela que en 2024 se registraron 42 operativos policiales en el Complejo de Maré, seis veces más que en 2021, con un saldo de 20 muertes y denuncias de ejecuciones. Las acciones afectaron escuelas, centros de salud y miles de residentes, mientras el Supremo Tribunal Federal revisa la “ADPF de las Favelas”, que busca limitar la violencia policial en periferias.
La organización de la sociedad civil Redes da Maré publicó una edición especial del Boletín Derecho a la Seguridad Pública en Maré, un informe que presenta datos y testimonios sobre los operativos policiales en las 15 favelas del Complejo de Maré, en la capital de Río de Janeiro.
Titulado “De Olho na ADPF 635”, el estudio se lanza en el contexto del juicio de la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 635, conocida como la “ADPF de las Favelas”, que está siendo analizada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El proceso busca reducir el uso excesivo de la fuerza en operativos policiales llevados a cabo en las periferias, con un enfoque en la actuación de las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro. El juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) está previsto para retomarse este miércoles (26).
Según el boletín, en 2024 se realizaron 42 operativos policiales en Maré, una cifra seis veces mayor que la registrada en 2021. Con un total de 20 muertes en 2024, la letalidad de estas acciones alcanzó el índice más alto desde 2022, cuando se contabilizaron 26 víctimas fatales. Solo cuatro de los homicidios fueron sometidos a peritaje en el lugar del crimen. De acuerdo con la investigación, en otros 17 casos hubo indicios de ejecución.
El informe destaca que, en los últimos ocho años, sólo 16 de las 1.489 muertes derivadas de operativos policiales en Maré fueron peritadas, y apenas un caso llegó a la Justicia. Alrededor de 93 viviendas fueron invadidas por la policía sin orden judicial durante las acciones. Solo el 3 de septiembre se registraron 29 casas allanadas, acompañadas de denuncias de amenazas, agresiones físicas e incluso tortura.
Entre 2016 y 2024, aproximadamente el 67% de las víctimas de invasiones fueron mujeres cis y trans, mientras que el 72% eran personas negras.
Los operativos policiales en las cercanías de escuelas representaron el 88% de los registros, lo que resultó en 37 días de suspensión de clases y afectó a más de 7.000 estudiantes. Aproximadamente el 90% de las acciones también se llevaron a cabo cerca de centros de salud, impactando 8.715 atenciones médicas en 2024.
Para la organización Redes da Maré, el informe resalta la necesidad de una política de seguridad pública efectiva para las personas que viven en favelas y barrios periféricos.
“El derecho a la seguridad pública es algo que debe ser garantizado tanto individual como colectivamente, pero sigue siendo un derecho completamente negado para las poblaciones empobrecidas. La policía no logra actuar en las diferentes regiones de la ciudad con criterios legales e igualitarios. Lo que esta medida [ADPF] exige es que se respete la Constitución en estos territorios”, sostiene Eliana Sousa Silva, directora de Redes da Maré e investigadora en Seguridad Pública.
Fuente: Pagina 12
