El gobierno de Javier Milei tomó una decisión que genera fuertes críticas por su impacto en la seguridad de los menores de edad y el riesgo de facilitar la trata de personas. La Dirección Nacional de Migraciones eliminó la obligación de las empresas de transporte de verificar los permisos correspondientes para el traslado de menores en servicios internacionales.
La medida, oficializada a través de la Disposición 166/2025 en el Boletín Oficial, establece que las compañías de colectivos de larga distancia, aerolíneas y transportes marítimos ya no deberán pedir ni verificar la documentación que compruebe la autorización de viaje de menores ni los certificados de residencia de personas extranjeras radicadas en Argentina.
A partir de febrero de 2025, esta responsabilidad recae exclusivamente en el personal de Migraciones en los puntos fronterizos. Las autoridades justificaron la decisión alegando que “las nuevas modalidades de contratación de transporte y el check-in remoto hacen necesario liberar a las operadoras de estos controles”.
Una medida que facilita la trata de personas
Organizaciones especializadas en derechos humanos y seguridad infantil alertaron sobre las graves consecuencias de esta decisión. Al eliminar el control preventivo por parte de las empresas de transporte, se reduce una barrera clave para evitar la salida ilegal de menores del país.
Si bien las familias seguirán necesitando un permiso judicial o de una autoridad competente para viajar con menores, la falta de verificación por parte de las empresas de transporte podría aumentar el riesgo de que adultos malintencionados saquen del país a menores sin los permisos correspondientes.
La situación se vuelve aún más delicada en rutas fronterizas de alto tránsito, donde el personal de Migraciones suele estar desbordado, lo que podría llevar a controles deficientes.
Antecedente preocupante
El sistema anterior, aunque imperfecto, ofrecía una doble capa de control: las empresas verificaban la documentación antes del abordaje y los agentes de Migraciones realizaban una segunda revisión en la frontera. Ahora, esa primera barrera desaparece, dejando a menores en una situación de mayor vulnerabilidad frente al tráfico ilícito de personas.
Expertos en seguridad migratoria subrayaron que “las redes de trata suelen aprovechar grietas en los sistemas de control” y que esta medida “es un retroceso peligroso en la lucha contra el tráfico y la explotación de personas”.
Esta decisión de Milei, que prioriza la desregulación en un área tan delicada como el control migratorio, vuelve a poner en evidencia la falta de criterio y sensibilidad frente a cuestiones de seguridad y derechos humanos.