Bullrich sostiene que “cuidará a los argentinos” con 200 metros de alambre en la frontera

Bullrich
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la instalación de un insólito cerco de apenas 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, Salta, calificándolo como una acción clave para frenar la entrada de cocaína al país. Según la funcionaria, este paso fronterizo es el “punto más álgido de entrada de cocaína”, y el alambrado busca “taponar la zona”. Sin embargo, la medida parece responder más un espectáculo mediático que una estrategia seria y completa para combatir el narcotráfico en una de las fronteras más extensas y porosas del mundo.

Bullrich destacó la presencia de fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería, además de la colaboración con la provincia de Salta y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Incluso utilizó términos como “el ladrón cuidando a las gallinas” para dramatizar la situación, en referencia a presuntas complicidades locales. No obstante, su discurso omite una visión integral del problema, enfocándose en soluciones simbólicas y de bajo impacto en lugar de abordar las verdaderas raíces del narcotráfico.

Blanqueos de capitales: ¿Aliados del crimen organizado?

Mientras Bullrich promociona la instalación del cerco como un hito en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Javier Milei avanza con una controvertida medida que podría beneficiar indirectamente al crimen organizado: la destrucción de datos de 300.000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19.000 millones de dólares. Según especialistas, esta acción debilita los controles contra el lavado de dinero, facilitando que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero sin supervisión adecuada entre ellos los del narcotráfico que la ministra dice querer combatir.

El economista Sebastián Domínguez y el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez han criticado duramente la medida, alertando sobre su impacto negativo en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. En este contexto, la narrativa de Bullrich contra el crimen organizado pierde credibilidad al no cuestionar las políticas financieras que generan condiciones favorables para el blanqueo de dinero ilegal.

El caso de las SAS: otra omisión conveniente

Una de las herramientas que ha facilitado el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales fue la creación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich encabezaba el Ministerio de Seguridad. Estas figuras jurídicas, diseñadas para simplificar trámites empresariales, fueron aprovechadas por bandas como “Los Monos” para lavar más de 12.000 millones de pesos, según informes de la Inspección General de Justicia.

Lejos de abordar este antecedente, Bullrich elige centrarse en medidas visibles pero ineficaces, como un alambrado de 200 metros o la militarización de zonas urbanas donde de paso alimenta el negocio de la compra de armas y equipos de seguridad a muy allegados socios israelíes. Estas acciones parecen responder más a un intento de emular en lo escénico modelos de seguridad como el de Bukele en El Salvador o Trump en EEUU, sin una verdadera intención de resolver los problemas estructurales que sostienen al narcotráfico, como el lavado de dinero y las redes financieras que lo hacen rentable.


Las medidas de Bullrich no son más que una puesta en escena, diseñada para generar impacto mediático sin atacar los pilares económicos y políticos del narcotráfico. Mientras se enfoca en construir cercos simbólicos y promover operativos para las cámaras, se evitan discusiones de fondo sobre las políticas fiscales y económicas que fortalecen al crimen organizado. Lejos de ser una lucha genuina contra el narcotráfico, la estrategia de Bullrich evidencia una preocupante desconexión entre el discurso y la realidad.

Fuente: Primereando Las Noticias

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